El 25 de Abril de 1979, el Ayuntamiento de Picanya, presidido por un joven alcalde, Ciprià Ciscar, actual secretario de Relaciones Políticas del PSPV y diputado en Madrid, fue el primero en pedir la autonomía por la vía plena del artículo 151 de la Constitución, como Cataluña o Andalucía. Se inició con ello un proceso que, boicoteado por la UCD en plena batalla de Valencia, no llegó a culminarse, condenando a la C. Valenciana a la «vía lenta» del artículo 143. Muchos de los males que lastran hoy la C. Valenciana nacieron entonces, al quedar relegada a autonomía «de segunda». Con esa carga simbólica, el líder del PSPV, Ximo Puig, presentará hoy en Picanya, acompañado por Císcar, la moción que los grupos socialistas presentarán en todos los ayuntamientos en defensa de la autonomía como «reconocimiento de nuestra identidad como pueblo» y, singularmente, como «garante del Estado de Bienestar, la sanidad, la educación y las política sociales para todos».
La campaña para reivindicar el autogobierno se produce en pleno debate soberanista y frente a los «sectores» del PP, entre otros, que «aprovechando la crisis pretenden acabar con el Estado de Bienestar y volver a una España uniformista y centralista», advierte la moción. «El problema de la C. Valenciana no es el autogobierno, sino los malos gobiernos» tras 17 años del PP en la Generalitat, recalca. Al contrario, para Puig, es un instrumento potente para salir de la crisis.
«Pacto por el autogobierno»
La propuesta plantea que cada ayuntamiento proclame «la validez de la autonomía y el compromiso en su defensa, frente a los intentos de acabar con el modelo de una España plural, diversa y solidaria», al tiempo que se inste al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a «iniciar un diálogo con los ayuntamientos, todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y sociedad civil para conseguir un ‘Acuerdo en defensa del autogobierno, de la consolidación del Estado de Bienestar y la creación de empleo’». Además, se emplaza a reclamar al Gobierno una modificación del sistema de financiación «que resuelva el tradicional agravio sufrido por la C. Valenciana en los anteriores modelos» y a exigirle «la media de financiación por habitante en la inversión de infraestructuras en los Presupuestos del Estado». Para los de 2013, «especialmente», se añade, con el fin de que el Corredor Mediterráneo y el AVE a Alicante y Castelló «sean declarados actuaciones de interés principal y se priorice su asignación presupuestaria».
La ofensiva socialista, en puertas del debate de política general de las Corts, arranca así bajo el espíritu del «Estatut del 151» que nunca vio la luz, para intentar poner contra las cuerdas a Fabra, maniatado por la dependencia financiera de Madrid.
