El plan de empleo anunciado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el pasado martes durante el debate de política general prevé dar trabajo a parados con salarios de 600 euros, de los que sólo una tercera parte, es decir, 200 euros serán asumidos por las empresas privadas que los contraten. Las Corts aprobaron ayer con los votos del PP y de los socialistas „su portavoz, Antonio Torres, se abstuvo por error„ la propuesta en la que se alude a la puesta en marcha de «un frente común de las tres administraciones (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) para impulsar la creación de empleo con una dotación de 99 millones de euros en los próximos tres años que permitirá incentivar la contratación por parte del sector privado de más de 15.000 empleados». Aunque la letra pequeña está por concretar, según ha podido saber este diario, el mecanismo está bastante perfilado. De hecho, la Generalitat y la Diputación de Valencia están trabajando desde hace unas semanas en el citado plan. La fórmula que se está barajando es que cada una de las administraciones asuman el 33% del coste de la contratación, mientras que el restante 33 % correría a cargo del empresario. Los programas de empleo se pondrán en marcha en las tres provincias y a ellos se sumarán los ayuntamientos que lo deseen. La idea es crear una bolsa de trabajo y que las empresas interesadas acudan a ella para contratar a la persona que más se ajuste a sus necesidades. El coste para el empresario será sólo de 200 euros al mes. El resto correrá a cargo de la Generalitat y de la diputación de turno. Presidencia confía en que a través de este mecanismo y con una inversión de unos 99 millones en tres años sacar de la lista del paro a unas 15.000 personas. Sólo el adelgazamiento del sector público emprendido por el Consell supondrá 5.000 despidos. Fuentes conocedoras del plan explican que, pese a que el salario es limitado „cercano al salario mínimo interprofesional„, supone una oportunidad sobre todo para los jóvenes para encontrar su primer trabajo y ganar experiencia.

La decisión de Fabra de acudir a las diputaciones para que le ayuden a financiar su plan se conoce después de que el secretario general del PSPV, Joaquím Puig, le propusiera utilizar los remantentes de las corporaciones provinciales para impulsar un plan por el empleo.

Fabra ignoró la oferta, pero buscó a Rus para aunar esfuerzos. Los socialistas trasladaron la propuesta de Puig a mociones que fueron presentadas en las diputaciones. Rus tuvo que abstenerse para no entrar en contradicción. Otras corporaciones como la de Castelló se opusieron. Aunque el asunto está bastante avanzado, falta concretar los detalles. Las diputaciones, más saneadas, disponen de recursos; mientras que la Generalitat está con el agua al cuello.