15 de diciembre de 2012
15.12.2012

Fabra quiere refundar la Acadèmia de la Llengua y el Consell de Cultura

La pretensión de la Generalitat de reducir de 21 a 11 los miembros obligará a las Corts a reeditar el pacto primigenio de los académicos del valenciano y extenderá la tutela política otros 15 años Se reducirán de 77 a 42 los vocales vocales de la AVL, CVC, Jurídic y CES

15.12.2012 | 03:06

La reestructuración de las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat, en la que se comprometió el presidente Alberto Fabra para reducir el gasto también en estas entidades, abrirá de nuevo el melón del consenso en los órganos culturales y lingüísticos valencianos, un terreno, especialmente el segundo, en el que los acuerdos alcanzados -cristalizados en la puesta en marcha de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)- se tejieron tras años de negociaciones y después de superar enormes dificultades. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, presentó ayer en la rueda de prensa tras el pleno del Ejecutivo los anteproyectos de modificación de las leyes de creación de la AVL, del Consell Valencià de Cultura (CVC), del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) y del Comité Económico y Social, que prevén una rebaja en el número de integrantes de estos entes de 35, de 77 a 42, casi un 50 % menos. La Acadèmia y el CVC pasarán de 21 a 11 miembros y las Corts, en el supuesto de que la ley se aprobara (para lo que hacen falta tres quintos de la Cámara, esto es, el apoyo del PSPV), tendrán tres meses desde la publicación en el "DOCV" para reeditar el pacto de los académicos de la lengua que tanto costó fraguar. En la práctica, supondrá la refundación de la AVL, que pondrá el contador a cero en el plazo de 15 años sobre los que se mantiene la tutela política respecto a su composición.

La Acadèmia se levantó sobre el pacto lingüístico, sellado en 1997 en el dictamen sobre la lengua del Consell de Cultura. Un acuerdo sometido a grandes presiones y en el que hubo conversaciones secretas entre Zaplana y Pujol. Pero, tan arduo como éste fue el pacto primigenio de 21 académicos, que no se alcanzó hasta junio de 2001 y en el que se examinó el perfil, no ya político, sino académico de sus integrantes para garantizar una mayoría suficiente a favor de la unidad lingüística. Una vez constituida, las Corts, por mayoría de dos tercios, han renovado por tercios la AVL cada cinco años. El año pasado se produjo la segunda remoción y en 2016 tocaba la tercera. A partir de entonces sus miembros debían renovarse entre ellos mismos (por cooptación) para liberar a la AVL de presiones políticas.

El texto que plantea el Consell obligará a pactar de nuevo una lista de 11 académicosl. Se mantiene la exigencia de una mayoría de dos tercios. Tras ello, de nuevo, operarán los 15 años de tutela política, con renovaciones parciales cada lustro de cuatro vocales, otros cuatro y, la última, los tres restantes. Si la ley se aprobara el próximo año, la tutela de las Corts no se levantaría hasta 2028. El Ejecutivo está convencido de que no habrá problemas ya que el clima sobre al conflicto lingüístico "es muy diferente" al de los 90 y por la "madurez" de la sociedad y de la institución, donde conviven sin problemas consejeros de las dos sensibilidades valencianistas. Añadieron que el mismo problema podría darse en la renovación de 7 consejeros que toca en 2016. La diferencia es que en los cambios parciales se respetan los perfiles. La reforma, defendieron, garantizará la "estabilidad" de la AVL. En el Consell de Cultura el problema no es de elección, ya que los partidos se reparten los puestos en función del peso en las Corts. Pero, en 27 años de historia desde que en 1985 el entonces conseller Ciprià Ciscar lo puso en marcha, nadie había tocado la máxima institución asesora en materia cultural de la Generalitat.

Eliminan la presencia financiera
En cuanto al CJC -que tiene como consejero nato a Camps-, pasará de 6 a 5 miembros, tres de elección por las Corts y dos por el Consell, que renuncia a uno. A preguntas sobre el posible recorte a los privilegios de los expresidentes, Castellano indicó que el texto no entra en esa cuestión. El CES se reducirá de 29 a 15 miembros. La Administración renuncia a su cuota de 7 miembros y se elimina la representación que tenían el sector financiero valenciano y las cámaras de comercio. Perdidas las cajas, ya no hay a quien representar. Castellano defendió que las leyes, que espera consensuar con la oposición, siguen "criterios de eficacia, eficiencia y simplificación de la Administración". Los órganos fiscalizadores de la Generalitat (Sindicatura de Comptes y Síndic de Greuges) no se tocan.

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