Exactamente 109 palabras y ninguna de ellas del campo televisivo ni radioeléctrico. En el primer acuerdo político escrito para normalizar la recepción de TV3 en tierras valencianas en 30 años no aparecen las palabras programa, ni antena, ni frecuencia, ni múltiplex. Sí figuran "lengua", "bandera", "identidad" y "políticamente". No es un tratado de heráldica, sino el acuerdo alcanzado por los Gobiernos valenciano y catalán para el intercambio de las señales de Canal 9 y TV3. Un pacto que no tiene letra y espíritu porque en este caso el espíritu, el respeto a las señas de identidad valencianas, es la letra. El Consell de Fabra ha rubricado un documento de seis puntos que, de hecho, es una copia de algunos de los primeros artículos del Estatut alusivos a los símbolos.
No se fija explícitamente la prohibición de aludir en TV3 a País Valencià o a Països Catalans -habitual en la información meteorológica- pero en el primero de los puntos del pacto se advierte de que la "denominación oficial" es "Comunitat Valenciana (...) sin que se incorpore ninguna otra comunidad, ni cultural ni políticamente". Se recuerdan los colores de la bandera al reproducirse el punto primero del artículo 4 del Estatut y se deja escrito que la lengua oficial es el "valenciano", según consta en el 6.1. Las fronteras territoriales (artículo 2) y la alusión a la autoridad normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) -el 6.8 del Estatut- son aspectos recogidos en el pacto. En el acuerdo entre Alberto Fabra y Artur Mas se apuntala la AVL, que tiene la autoridad normativa en "exclusiva", matiz que no consta en el Estatut. También se determina que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana se denominan "valencianos" y "valencianas".
Tras cuatro campañas gubernamentales de asedio a TV3 en casi 30 años -desde el ministro socialista José Barrionuevo-, con multas, precintos y cierres de los 13 repetidores de Acció Cultural del País Valencià, ha llegado un acuerdo que viene a ser un libro de estilo para no herir sensibilidades y un seguro para el Consell de cara a los sectores secesionistas lingüísticos. Un pacto del que está ausente cualquier alusión a plazos o gestiones ante el Gobierno de Mariano Rajoy para la concesión por parte del Ministerio de Industria de un tercer múltiplex a la Comunitat Valenciana. Un contenedor que pueda albergar los canales de la autonómica catalana y los tres de RTVV.
Tampoco se alude al expediente de sanción del Consell a Acció Cultural que sigue vivo y asciende a 100.000 euros. El Tribunal Supremo anuló en diciembre la primera multa, de 300.000 euros, y el cierre de los repetidores de la Carrasqueta, Montdúver y Bartolo ordenado por el Consell de Camps en abril de 2007. La sentencia negaba a la Generalitat su capacidad sancionadora y decretó que Acció Cultural no es un emisor clandestino sino distribuidor de la señal de una televisión cuya difusión fuera de Cataluña es "lícita". El auto sentaba jurisprudencia de cara a las otras dos multas: La citada de 100.000 euros y un tercer expediente de 300.000 euros, que fue anulado en el TSJ, vista la sentencia del Supremo.
Fabra quería "resolver absurdos"
El pacto responde a la necesidad de buscar una salida tras la sentencia del Supremo, pero también al deseo de Fabra de solucionar un problema "absurdo". "Hemos visto cómo muchos castellonenses reclamaban la libertad para poder sintonizar TV3 en Castelló. Parece mentira que en pleno siglo XXI se limite la posibilidad de que las personas podamos elegir el medio de comunicación que queramos. Como los políticos estamos para resolver absurdos (...) Pongámonos a trabajar, lleguemos a acuerdos y hagamos que la gente pueda ver la televisión que quiera", dijo Fabra el 22 de febrero de 2011, siendo alcalde de Castelló, tras la manifestación en defensa de TV3. En otra ocasión apuntó que no tiene "ningún sentido poner barreras ya que si nos ponemos en un ordenador podemos ver cualquier televisión del mundo".
El pacto de TV3 se ha hecho público tras el 25 d'Abril y cuatro meses y medio después del auto del Supremo. Fuentes conocedoras de la negociación indicaron que no se abordó antes porque no era urgente en la agenda de problemas que abruma a ambos mandatarios. Problemas económicos y sobre escándalos de corrupción que afectan a sus partidos.
La reciprocidad de las emisiones de Canal 9 y TV3 era el objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Acció Cultural, avalada por 652.000 firmas y enterrada en el Congreso con los votos de PP y UPyD. El 11 de septiembre de 2011.
