El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha advertido este sábado de que el decreto de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistémica eléctrico elaborado por el Gobierno central supondrá "un grave perjuicio" para 50.000 pequeños productores de energía fotovoltaica en la Comunitat y podría conllevar la pérdida de 15.000 empleos en la región.
Así lo ha explicado el dirigente socialista tras visitar un parque de energía fotovoltaica en Morella (Castellón), donde ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que presente un recurso de inconstitucionalidad frente a esta normativa "penalizadora" con las energías renovables que supondrá "la muerte del sector de la energía fotovoltaica".
Puig ha avanzado que los socialistas valencianos presentarán iniciativas tanto en las Corts como en el Parlamento Europeo porque "están de lado de los miles pequeños inversores valencianos que confiaron en la seguridad jurídica de la normativa del Estado", tal y como le ha trasladado al tesorero nacional de la Asociación Nacional de Productores de energía fotovoltaica (ANPIER), Lluis Calatayud.
En este sentido, el grupo socialista en el Parlamento valenciano presentará una proposición no de ley para instar al Consell a que recurra ante el Tribunal Constitucional el citado decreto, después de que Murcia ya lo haya hecho por "la vulneración del principio de seguridad jurídica" ya que se produce una modificación de la normativa anterior con carácter retroactivo, de manera que "si los afectados hubieran podido preveer estos cambios probablemente ninguno habría invertido en estas tecnologías", ha indicado Puig.
Asimismo, ha recordado que Extremadura ha anunciado que también presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética del Gobierno porque, a su juicio, se ha hecho "de manera unilateral, sin consenso y sin transparencia" e introduce medidas que "hipotecarán el desarrollo" de las renovables.
El socialista ha incidido en que la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energía Renovables de Valencia (Aselec) ya han mostrado su oposición al decreto porque, según sus datos, provocaría la desaparición de 15.000 empleos y dejaría en "KO técnico" a miles de instaladores y mantenedores eléctricos.
"El daño económico en la Comunitat Valenciana no sólo afecta a más de 50.000 personas y provoca la muerte del sector, sino que además todas las industrias auxiliares serán notablemente perjudicadas", ha insistido Puig, quien ha asegurado que sus iniciativas también se trasladarán a los ayuntamientos.
SECTOR CERÁMICO
El dirigente socialista ha señalado que, además de perjudicar al sector de las energías renovables en toda la Comunitat, "se perjudica especialmente a la provincia de Castellón, en concreto al conjunto del sector de la cerámica", que había apostado por la conegeración con inversiones muy importantes y que, con este decreto, se convierte en "inviable".
Ha lamentado que el sector azulejero padece "un doble perjuicio", ya que al "tasazo del gas" se suma ahora la inviabilidad de la cogeneración, un sistema de generar energía de modo respetuoso con el medio ambiente.
