«Hay muchas y en muchos sitios. Es preocupante». El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, alertó ayer en las Corts de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar obligaciones no reconocidas en el presupuesto (las facturas en los cajones) se están convirtiendo en «la forma habitual de pago» en muchos ayuntamientos. El titular del órgano fiscalizador de la Generalitat, que compareció para presentar la Cuenta General de las entidades locales de 2011, explicó que esta situación «no debería ocurrir» y es consecuencia de una «falta de control interno y una decisión política inadecuada». Señaló que el reconocimiento extrajudicial de deudas es un mecanismo «excepcional» para afrontar gastos imprevistos pero se está encontrando con que es la forma «normal» de pago en muchos municipios ante la inexistencia de fondos, si bien apuntó que otros, como Oropesa, sí tienen sus cuentas saneadas. «Es un desvarío democrático», ya que, con ello, añadió, se «desvirtúan» las cuentas públicas.

Con todo, matizó que no siempre se estaría incurriendo en una responsabilidad contable. «Habría que analizar cada caso» para ver «si se trata de un servicio inevitable que hay que prestar y se ha hecho por el precio adecuado o a lo mejor no». El Síndic advirtió que en su próximo informe analizará la contratación en los ayuntamientos, así como las obligaciones no reconocidas y los reparos de legalidad. En este sentido, detalló que, ante la petición cursada por primera vez a los ayuntamientos, ha recibido en el primer semestre del año 132 comunicaciones sobre obligaciones no reconocidas, 130 sobre reparos de los interventores y 201 sobre acuerdos contrarios al informe del secretario.

El socialista Julián López emplazó al Síndic a analizar el «enorme» incremento de las incidencias coincidiendo con la puesta en marcha de la Plataforma de Rendición de Cuentas, que ha comportado comprobaciones adicionales. No en balde, esas incidencias se han multiplicado por cinco, de 4.700 a 24.272 en 2011, de las que se resolvieron 13.517. López advirtió que la aceptación de las sugerencias del Síndic ha caído del 74 % al 43 %.

El informe, refirió el Síndic, refleja el «empeoramiento» de las cuentas locales por la crisis, con un aumento del 8 % en el remanente de tesorería negativo, que suma 129,8 millones. La presión fiscal permaneció inalterable (subió un 1 %) pero la carga financiera por habitante creció un 33 % y las inversiones se desplomaron un 41 %.

Navajas, fuera de todo control

Además, el 80 % de municipios «no cumplió el ciclo presupuestario», de forma que, a 1 de enero, no tenía aprobado el presupuesto. «Los ayuntamientos deben olvidarse de los ingresos procedentes del urbanismo», alertó. Volvió a pedir cambios para que la Sindicatura pueda multar a los alcaldes que no rindan cuentas y que la Generalitat aplique la ley que conlleva la pérdida de subvenciones. A pregunta de Ignacio Blanco (EU), el auditor constató que Navajas es el ayuntamiento más incumplidor: Nunca ha rendido cuentas. ¿Qué se puede hacer?, inquirió Blanco. El Síndic admitió que la fiscalización que hizo «no sirvió de nada» y ha trasladado el caso al Tribunal de Cuentas.