La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación una pena de 13 años de cárcel y 15 de inhabilitación para empleo público para Carlos Fabra por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Además, pide una multa de 1.980.000 euros y una indemnización de 693.000 euros, más intereses, por el dinero supuestamente defraudado. El expresidente del PP y la diputación será juzgado a partir del próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Castelló.
El escrito de acusación del fiscal relata que en 1999 el empresario de Artana Vicente Vilar y su exmujer, Montserrat Vives, contactaron con Carlos Fabra para que éste, «valiéndose de su cargo» de presidente de la diputación y de sus contactos, intermediara ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar los permisos de los productos de Naranjax.
Las mediaciones de Fabra se produjeron entre 1999 y 2002, «constando diversas reuniones, tanto con responsables políticos como administrativos» de los ministerios y de las Cortes Generales. Siempre según la versión del fiscal, en julio de 1999, Fabra se reunió con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y los parlamentarios castellonenses Miguel Prim y Juan José Ortiz. En dicho encuentro se trató el retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de fitosanitarios y se informó sobre el estado administrativo en que se encontraban las solicitudes cursadas por Vilar. Apenas unos meses después, en octubre de 1999, fue aprobada la licencia del Abac, uno de los productos estrella de Naranjax, Fabra pidió a Vilar 150.000 por sus servicios, cantidad que fue abonada, apunta el fiscal.
Posteriormente, Fabra propuso a Vilar constituir una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo, y de la que serían socias sus esposas, asevera el ministerio público. El 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50 % una empresa sin actividad, Artemis 2.000, en la que Vilar fue administrador.
Según el fiscal, tras constituir esta sociedad, Fabra continuó su labor de intermediación ante autoridades políticas y administrativas. Incluso mantuvo encuentros con el director de gabinete del presidente Aznar, Alfredo Timermans, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
En abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la sociedad Carmacas. Según el fiscal, «esta sociedad utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados» por Vicente Vilar a Carlos Fabra. De hecho, Carmacas cobró de las empresas controladas por Vilar: Naranjax, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000. Entre otros conceptos, Carmacas facturó a Naranjax en 2000 y 2001 más de 72.000 euros con el «pretexto» de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo.
El fiscal relata que en aquellos años, de 1999 a 2004, Carlos Fabra y su mujer, María Amparo Fernández, realizaron un elevado número de operaciones bancarias cuyo importe «no se corresponde ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados». Fabra no declaró en este periodo ingresos por valor de casi dos millones de euros, mientras que su exmujer ocultó 1,5 millones. Ello generó que Fabra defraudara a Hacienda 693.000 euros en cuatro ejercicios fiscales y María Amparo Fernández 428.000 euros en tres años.
El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y siete delitos contra la Hacienda Pública. Pide para Fabra 13 años de cárcel y 15 de inhabilitación para empleo público. También multa de casi de dos millones de euros y que indemnice a la Hacienda Pública con 693.000 euros, que son los que supuestamente defraudó.
