La primera sesión del juicio a Carlos Fabra se quedó en los preliminares y el interrogatorio de los cinco acusados empezará hoy con la declaración de Carlos Fabra en primer lugar. La jornada de ayer se dedicó a la lectura de los escritos de las partes y a las cuestiones previas. El abogado de Fabra, Javier Boix, arrancó con fuerza al solicitar que se excluya del juicio a la acusación popular ejercida por la Unión de Consumidores (UCE), petición que fue rechazada por el tribunal. Boix también se esforzó en intentar la anulación de los delitos fiscales atribuidos a su cliente, que son más difíciles de contrarrestar que los de cohecho y tráfico de influencias. Con este objetivo, planteó la prescripción de las causas fiscales y rechazó a los dos peritos de la Agencia Tributaria con el argumento de que no son imparciales porque investigaron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Estas dos últimas cuestiones se resolverán cuando se dicte sentencia.
En medio de una gran expectación mediática, ayer dio comienzo en la Audiencia Provincial de Castelló el juicio del "caso Fabra", que sentó en el banquillo al exmandatario del PP; a su exmujer, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar; la exesposa de éste, Montserrat Vives; y el exparlamentario del PP Miguel Prim. Los cinco escucharon los escritos de las acusaciones y las peticiones de condena. Fabra -para quien el fiscal solicita 13 años de cárcel y dos millones de multa por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro contra la Hacienda Pública- oyó cómo la acusación popular lo calificó como "un mago en la consecución de ilícitos fines" y le atribuyó la creación de "una empresa criminal" dedicada a presionar a los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el objetivo de agilizar los productos fitosanitarios que fabricaba su antiguo amigo Vicente Vilar en la empresa Naranjax de Artana. Todo a cambio de supuestas comisiones. También el fiscal le acusa de haber mediado valiéndose de su cargo público y de haber cobrado por ello.
El abogado de Fabra, Javier Boix, pidió la absolución de su cliente y proclamó que los hechos que se le atribuyen "no son ciertos". "No es cierto que se valiera de su cargo de presidente de la diputación para mediar" en los fitosanitarios, dijo. Según Boix, el interés de Fabra giraba en torno a cualquier problema que afectara a la provincia, con independencia de su naturaleza. El letrado añadió que las imputaciones se basan en las manifestaciones "contradictorias" del empresario Vicente Vilar, cuya credibilidad puso en entredicho, ya que éste se movía por una "animadversión hacia Fabra". También recordó que Vilar cumple condena en la cárcel por violar a su exmujer.
Ya en la fase de cuestiones previas, Javier Boix desplegó parte de su arsenal. En primer lugar, pidió que se aparte del juicio a la acusación popular que ejerce la UCE. Boix sustentó su petición con el argumento de que la organización de consumidores ha planteado una "acusación sorpresiva" al haber incluido en su relato hechos que no figuran en el auto procesal dictado por el juez de Nules. Según Boix, esto provoca una "vulneración de los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial". El letrado echó mano de jurisprudencia para defender su tesis y sacó a relucir el caso Filesa. A esta petición se sumó el abogado de Miguel Prim, mientras que el fiscal, Luis Pastor, pidió la continuidad de la UCE. El tribunal se decantó por mantener a la acusación popular en el juicio y denegó la solicitud del letrado de Fabra.
Las dos siguientes consideraciones de Javier Boix giraron en torno a los supuestos delitos fiscales cometidos por Fabra y su exmujer. En primer lugar, el abogado insistió en la prescripción de los presuntos delitos en cuatro de las cinco ejercicios (excepto el de 1999) y recordó que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decretó su archivo, aunque luego fue revocado por el Tribunal Supremo.
En segundo lugar, Javier Boix defendió que los dos peritos que investigaron las cuentas de Fabra y su familia están "contaminados" porque realizaron su labor a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y están vinculados a ésta. Aquella investigación determinó que Fabra no declaró ingresos por valor de casi dos millones de euros, mientras que su exmujer ocultó 1,5 millones. Ello generó que el político defraudara supuestamente a Hacienda 693.000 euros en cuatro ejercicios fiscales y María Amparo Fernández 428.000 euros en tres años.
Acusación y peritos a la vez
Boix incidió en la relación entre el ministerio público y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Relacionados con la Corrupción, creada en el año 1995 en virtud de un convenio de colaboración entre los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda. Según el letrado de Fabra, la imparcialidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria está en entredicho por "su doble condición de acusación y peritos". Boix aseveró que esta circunstancia vulnera derechos fundamentales, por lo que pidió que los peritos no puedan intervenir en el proceso.
El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, replicó a ambos argumentos. Sobre la prescripción de los delitos, remitió a la sentencia del Tribunal Supremo que reabrió las causas fiscales archivadas por la Audiencia Provincial. Sobre los peritos, apuntó que fue el juez instructor el que ordenó las pruebas, aunque fuera a instancias del fiscal. Añadió que hay resoluciones del Supremo avalando la objetividad e imparcialidad de los funcionarios. El presidente del tribunal decretó que ambas cuestiones se diriman en la propia sentencia.
