El cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) aprobado por el Ejecutivo de Alberto Fabra supone el punto final a un proyecto en el que la Generalitat ha depositado más de 3.100 millones de euros desde 1987, si bien una buena parte de ellos, prestados, aún los pagará en los próximos años (hasta 2030). La cifra incluye las aportaciones anuales de la Generalitat hasta 2014, el coste de construcción y habilitación de los edificios, la deuda acumulada en todos estos años y las ampliaciones de capital realizadas para atenuar el boquete entre ingresos y pérdidas. Quedan fuera de la cuenta los intereses pagados durante los últimos años por los créditos en vigor, ya que es un dato no reflejado de la misma forma en los informes contables: para hacerse una idea, no obstante, este concepto ascendió a más de 21 millones de euros en 2012.

La cantidad exacta enterrada, sumados los conceptos citados, asciende a 3.180 millones. Si se tiene en cuenta que, según la última estadística del INE, la Comunitat Valenciana está poblada por 5.129.266 personas, la aventura abortada de la televisión autonómica ha costado 620 euros por habitante.

La historia de RTVV se remonta económicamente a 1988, cuando debuta con epígrafe propio en los Presupuestos de una joven Generalitat. No obstante, Presidencia ya destinó partidas en 1987 para la construcción del edificio central de Burjassot, ahora casi vacío, desafectado por el Consell -lo integró en el capital social de la empresa para compensar pérdidas- y tasado en 32 millones.

Solo los inmuebles de RTVV supusieron en los años 80, según el informe de la Sindicatura de Comptes, una inversión de 34.624.307 euros, una cifra superior a la que ha sido tasado el edificio 25 años después.

Los balances contables presentan un equilibrio en la primera etapa de vida de Canal 9, que inauguró sus emisiones el Nou d'Octubre de 1989.

Así sucede hasta 1995, año de cambio en el Palau de la Generalitat (se va Joan Lerma y llega Eduardo Zaplana), cuando se produce un desfase de 16 millones de euros entre la aportación de la Generalitat y los gastos.

Empieza entonces una nueva etapa en la gestión, en la que el Gobierno autonómico, en manos del PP, sombrea los números rojos que cada ejercicio produce RTVV con la emisión de deuda pública.

Esa forma de manejar las cuentas se extiende hasta el año 2000, cuando -advertido el Ministerio de Economía, comandado por Rodrigo Rato- el Consell modifica la ley para que el ente pueda recurrir directamente al endeudamiento con los bancos para financiar unos gastos anuales que llegan a multiplicar por cuatro la aportación del Consell. En 2008, casi la quintuplican.

Este modelo de financiación finaliza en 2009, ya en plena crisis económica y con recortes públicos por doquier para ajustarse a los objetivos de déficit. La ley de Presupuestos de la Generalitat de ese año prohíbe expresamente que la deuda de RTVV se incremente. Para que la empresa pueda continuar viva, la aportación del Consell pasa de 51,4 a 122,4 millones, si bien el ejercicio se cierra con pérdidas, cubiertas mediante ampliaciones de capital.

Ni siquiera en 2012, cuando se aprueba el expediente de regulación de empleo (ERE) y se cierra la puerta a la producción externa, RTVV logra equilibrar sus cuentas. Según la penúltima directora, la dimitida Rosa Vidal, eso sí iba a ser posible en 2013, después de 18 años de números rojos. No ha habido tiempo para comprobarlo.

En defintiva, de los 3.100 millones depositados en Canal 9, casi 1.437 corresponden a las transferencias de la Generalitat a través de los Presupuestos. Otros 1.305,7 millones son la deuda financiera acumulada. Y más de 402 millones son ampliaciones de capital desde el año 2000. El resto es el coste de las instalaciones, hoy edificios fantasma de destino incierto.