La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dado al Consell un varapalo en uno de sus últimos informes, en el que analiza los procesos de externalización de la sanidad (el modelo Alzira, en el caso valenciano) en España desde el punto de vista de la defensa de la competencia. El organismo encargado de preservar y promover la competencia no entra a valorar que las autonomías cedan la atención sanitaria a la gestión privada, pero sí censura el modo en que se ha llevado a cabo la licitación de los contratos para gestionar las áreas de salud o los criterios de adjudicación de los contratos, aplicándole el filtro de las recomendaciones de la CNC para garantizar la competencia.
Este modelo de gestión, conocido como el modelo Alzira, comenzó en 1997 con la externalización del área de salud de la Ribera, y se ha ampliado a Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent.
En este contexto, una de las mayores críticas del informe es la participación «alarmantemente reducida de empresas» en los concursos. Muy
pocos, para la amplitud que ofrece el mercado de gestores privados. El caso valenciano es uno de los más flagrantes. En cinco de los seis contratos para la construcción y gestión de hospitales sólo participó una empresa, y «las seis licitaciones han sido adjudicadas a agrupaciones de empresas participadas todas ellas por la empresa Ribera Salud», señala el informe.
Competencia lo achaca a varias posibles causas: unos requisitos muy restrictivos; el excesivo riesgo percibido en ingresos y gastos de la gestión, o que algún competidor puede tener ventajas de información.
En este sentido, la CNC censura el papel de la conselleria para garantizar el acceso a la licitación, ya que, en casos como el de los hospitales de la Ribera o Torrevieja, el plazo para presentar ofertas fue de apenas mes y medio. 45 días para elaborar un plan de gestión de calidad, anteproyectos, plan de inversión o información sobre el equipo técnico del proyecto. La Comisión advierte de que un plazo tan reducido «otorga ventaja a algunas empresas que cuenten inicialmente con información».
Competencia pone también en cuestión varios aspectos del proceso de adjudicación. En los criterios de valoración de ofertas en l´Horta-Manises y Elx-Crevillent sólo se incluye un criterio económico, y apenas se tiene en cuenta la cápita (prima por habitante a atender) que se pide a la Generalitat. «La capacidad de los licitadores a competir en precio es muy reducida», asegura.
El órgano se hace eco de denuncias de la Sindicatura de Comptes respecto a la externalización del área de l´Horta-Manises: «Entre los criterios de adjudicación del contrato no figura el precio», denuncia.
En cuanto al seguimiento de la gestión privatizada de estas áreas de salud, el organismo público señala que los pliegos contemplan un plan de gestión de calidad, pero no se regula su puesta en marcha ni el control por parte de la conselleria.
El órgano también alerta del riesgo de la violación de la competencia en el ámbito de la sanidad privada en la C. Valenciana. Competencia advierte que el gestor privado de un servicio sanitario puede utilizar esas infraestructuras públicas para prestar sus propios servicios (a clientes privados), lo que puede distorsionar el mercado. La Comunidad de Madrid limita esos usos, pero «esta clase de previsiones no se contemplan en los procesos de externalización de la C. Valenciana».
El ente regulador de la competencia también alerta sobre los mecanismos para actualizar los precios que el Consell paga al adjudicatario. Recomienda que sean claros, para que no se conviertan en «mecanismos de retribución adicional».
La CNC vuelve a hacerse eco de las denuncias de la Sindicatura de Comptes, que criticó en 2003 la «indeterminación» en la forma de calcular la revisión del pago al concesionario. En el caso de las áreas de la Ribera y Torrevieja se toma como límite inferior de actualización el IPC, y como límite superior el porcentaje de aumento de gasto sanitario del Estado, algo «cuestionable», según el síndic.
«El proceso puede haber estado dirigido»
El responsable de la federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Arturo León, se mostró muy crítico con la actuación de la Conselleria de Sanidad durante estos años y reclamó explicaciones: «La conselleria debería salir para explicar un proceso que deja mucho que desear y que ha sido cuestionado por el organismo que controla la competencia. Unos procesos de privatización que pueden haber estado dirigidos», advierten desde la central sindical, que ayer aireó este informe.
Para León, este informe pone de manifiesto que la gestión privada «tiene graves defectos que perjudican los intereses de los valencianos» y reafirma su «oposición al modelo concesional y a la privatización de la sanidad pública». j. l. g. valencia
