El último informe de la policía judicial sobre el caso Gürtel deja en evidencia de nuevo irregularidades, cuando no presuntas ilegalidades, en la contabilidad cruzada entre el PP valenciano y la trama Gürtel, que organizaba todos los actos del partido desde 2002. El montaje del congreso regional de septiembre de ese año costó 240.582 euros. El partido abonó una factura de 90.151 a Special Events, empresa de Francisco Correa que organizó el acto. Los más de 150.430 euros restantes se pagaron directamente en efectivo, en negro según certifica el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). El dinero se hizo llegar a la trama en cuatro entregas, desde septiembre de 2002 a enero de 2003. Aportaciones de 25.000, 30.000, 75.421 y 20.000 euros.
En ese mismo 2002, el 8 de junio concretamente, se celebró una convención regional del PP en el Palau de la Música de Valencia. Del montaje se encargó también Special Events, la empresa que trabajaba para Génova. Aquel evento costó 20.067 euros, según consta en la contabilidad intervenida por la policía en un almacén de la empresa Easy Concept en Madrid. La factura fue de 6.010 euros. El «B» en ese trato se elevó a 17.429 euros.
El tercero de los actos políticos puestos en entredicho se celebró el 13 de enero de 2004 en el polideportivo de Mislata, con Francisco Camps ya de presidente de la Generalitat. La misma Special Events, antecedente de Orange Market, se encargó del montaje. En esta ocasión la facturación (23.600 euros) superó al negro (16.200 euros). Las presuntas ilegalidades cometidas en la contabilidad de los populares valencianos fueron aún más evidentes en dos actos de presentación de Francisco Camps como candidato a la Generalitat. El primero se celebró el 25 de cotubre de 2002 en Alicante y el segundo, un 22 de febrero de 2003 en Castelló. En el documento policial entregado al juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, consta un coste de 54.119 euros para el primero de esos mítines. La cantidad aparece como gastos asumidos por Special Events para hacer frente a todas las facturas de proveedores y subcontratas del acto. Sin embargo, no figura un solo euro facturado por la firma de Correa al PP valenciano.
La policia judicial razona: «O bien se recibieron fondos de origen desconocido para hacer frente a los costes derivados de la ejecución del acto, o bien, transformaron los conceptos para imputarlo a otra entidad vinculada al PP». Y llega a la conclusión de que sucedió lo segundo porque la propia Special Events «solicita de los proveedores del acto que elaboren las facturas poniéndole otros conceptos vinculados a otros». Esto es, quisieron esconder los gastos del mitin de Francisco Camps.
La policía estableció conexión ya en 2002 entre empresas constructoras y la presunta financiación ilegal del PPCV. Documentó, como contó este diario, que algunas de esas empresas contratistas de obra pública de la Generalitat asumieron pagos, entre otros conceptos, por la organización del citado X congreso regional del PP celebrado en Valencia. Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Facsa, Piaf u Hormigones Martínez están siendo investigadas en la causa de la presunta financiación ilegal del partido que se sigue en el TSJ valenciano.
Correa obsequió a distintos cargos del PP con lujosos regalos. El expresidente Camps recibió la estancia en dos habitaciones en el Hotel Gran Melià Fenix de Madrid por importe de 1.091,40 euros en diciembre de 2003, según la policía. El exjefe del Consell figura como destinatario de gastos de hotel del 26 al 30 de diciembre de 2003, por dos habitaciones dobles comunicadas en régimen de alojamiento y desayuno, servicios facturados a Special Events.
Igualmente figura como destinatario de atenciones personales el exdirector general de RTVV Pedro García, que recibió un alquiler de vehículo y gastos extras de hotel durante un viaje que efectuó a Lanzarote en abril de 2004, cargados a Special Events, por importe de 898,22 euros en el Hotel Gran Melià Salinas.
El alcalde de Castelló e imputado se pone a disposición del partido
El alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, imputado en el caso Gürtel en relación con contrataciones realizadas con Orange Market cuando era subsecretario de Sanidad, aseguró en relación a su continuidad en el cargo que está «a disposición de lo que diga el partido», al tiempo que apuntó que, cuando decidan no confiar en él, tiene su plaza en el Hospital General de Castelló como jefe de sección de anestesia, a la que puede volver «en cualquier momento». Bataller se pronunció así antes de la conferencia que pronunció en el «Forum Europa», a la que asistieron varios consellers, entre ellos el de Sanidad, Manuel Llombart, que se encargó de presentarle. Con motivo de su imputación en el caso Gürtel y preguntado por si aspirará a la alcaldía en las próximas elecciones, declaró que está «a disposición de lo que diga el partido» y que trabaja «diariamente» para ganarse la confianza de los ciudadanos. «Estoy a disposición de las personas que han confiado en mí», concluyó. europa press valencia
