"Fue muy llamativo que los proyectos de Fundación Cyes fueran aprobados en una convocatoria tan exigente"

Iborra ha declarado hoy como testigo en el caso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras ocho personas por la concesión de 1,8 millones de euros a la Fundación Cyes (nada que ver con la constructora del mismo nombre) en 2008 para cooperación internacional.

Iborra, quien ha explicado que trabajó para la Dirección General de Cooperación haciendo el seguimiento de los convenios y de los becarios en el exterior, ha dicho que fue un hecho "muy llamativo que estos dos proyectos fueran aprobados en una convocatoria tan exigente como la de grandes proyectos".

Además, ha señalado que eran "comentarios generalizados que hubo tensiones" por su aprobación, pues, según ha afirmado, Cyes no cumplía con el requisito de la experiencia exigido en la convocatoria.

Iborra ha explicado que partir de 2008 o 2009, cuando entró la UTE Caaz-Broseta como consultora externa, se produjo un cambio en la adjudicación de subvenciones, pues hasta entonces eran varias las organizaciones que se presentaban a estas ayudas.

Sin embargo, desde 2008 y sobre todo 2009, "hay una serie de organizaciones que hasta entonces no habían recibido subvenciones, muchas ni siquiera habían concursado en convocatorias públicas de la Generalitat, que empiezan a recibir subvenciones bastante altas para ser las primera veces que se presentaban y la poca experiencia que tenían".

Ha indicado que eso era "un comentario generalizado" entre las personas que se encargaban de tramitar los expedientes de cooperación internacional, aunque no ha sabido precisar qué personas concretamente hacían esos comentarios.

Entre las ONG beneficiarias estaba la Fundación Cyes, de cuyos expedientes tuvo conocimiento a través de Eva Solá, una de las jefas de área de la Conselleria, quien le comentó que ésta no cumplía el requisito de la experiencia que se exigía en la convocatoria.

Ha indicado que vio los formularios definitivos de los proyectos investigados a través del ordenador y comprobó que tenían presupuestos "desorbitados", que incluían la compra de pisos con costes "muy elevados" y partidas no financiables, como asistencias técnicas, mientras que las acciones en el país eran "mínimas".

Ha declarado que tuvo varias discusiones, una "un tanto desagradable", con el exjefe del Área de la dirección general de Cooperación, Marc Llinares, quien, según ha declarado, reaccionaba "mal" cuando se planteaba alguna objeción o cuestión que no coincidía con lo que él esperaba o pensaba.

Iborra, cuyo salario dependió de las diferentes empresas a las que la Generalitat adjudicó la gestión de las áreas en las que trabajaba, ha afirmado que en un determinado momento, los expedientes de estos dos proyectos quedaron custodiados en el despacho de Llinares y ya "no eran accesibles a los trabajadores".

A preguntas de la defensa de Rafael Blasco, ha reconocido que acudió a la Fiscalía a declarar cuando conoció la investigación de este caso por considerar que "era su obligación", y ha dicho no saber por qué no se dirigió directamente al juzgado que llevaba la causa.

"¿Viene a testificar para perjudicar a alguien?", le ha preguntado el letrado de Blasco, Javier Boix, a lo que el testigo ha respondido que no.

La acusación particular y la defensa de Alexandre Català han renunciado a la declaración de los dos siguientes testigos, Vicenta Pons y Julia Queralt.