La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia que decrete el ingreso en prisión provisional del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco al considerar que existe un elevado riesgo de que se fugue tras la condena de ocho años de prisión por el saqueo de fondos públicos. En el caso de que el TSJ considere excesiva la medida, el fiscal Anticorrupción solicitó alternativamente a la sala que imponga al exdiputado una fianza de dos millones de euros, que le retire el pasaporte y que le obligue a presentarse cada día en el juzgado para evitar que huya de España. La Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés el ciudadano que ejerce la acusación popular se sumaron a la reclamación de la Fiscalía. Blasco aseguró al tribunal que asumirá cualquier medida que le impongan. Las acusaciones también pidieron medidas cautelares para los otros siete condenados a penas de prisión que permanecen en libertad.

Rafael Blasco ha sido hallado culpable de un delito continuado de malversación de caudales en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. El exconseller llegó al TSJ a las 8.30 horas y abandonó pálido el Palacio de Justicia dos horas después tras escuchar la petición de la Fiscalía. El TSJ tiene que notificar en las próximas horas su decisión aunque es significativo que lo dejara salir en libertad mientras toma una decisión. Fuentes jurídicas apuntaron que lo más probable es que le retiren el pasaporte y le impongan una fianza mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso que va a formalizar su abogado contra la condena. El Supremo podría fallar en seis meses.

El fiscal también pidió el ingreso en prisión preventiva de la ex secretaria general de la extinta Conselleria de Solidaridad Tina Sanjuán, que ha sido condenada a siete años y medio de cárcel. La Fiscalía reclamó subsidiariamente que se le impongan a Tina Sanjuán una fianza de 600.000 euros, que se le retire el pasaporte y que se presente a diario en el juzgado.

El ministerio público reclamó para los otros cinco condenados a penas de prisión que permanecen en libertad fianzas de entre 50.000 y 120.000 euros, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales o quincenales. El importe de las fianzas está en función del grado de responsabilidad en el caso.

El ex jefe de Cooperación Mar Llinares (condenado a cuatro años y medio) se enfrenta a una fianza de 120.000 euros. El fiscal demandó para el ex subsecretario autonómico de la conselleria Àlex Català (que también tiene una condena de cuatro años y medio) un aval de 100.000 euros; a Xavier Llopis (el exjefe de gabinete de Blasco sentenciado a tres años), 60.000 euros; al expresidente de la Fundación Cyes (condenado a cuatro años) Marcial López, 100.000 euros; y a la compañera sentimental de López (que deberá cumplir tres años y seis meses), una fianza de 50.000 euros.

Tauroni y Felip

Los otros dos condenados en la causa son el empresario Augusto César Tauroni y el ex director general de Solidaridad Josep Maria Felip. Tauroni fue sentenciado a ocho años de cárcel y lleva más de dos años en prisión preventiva. La sala prorrogó la situación de prisión provisional de Tauroni cuando acabó el juicio, un indicio que ya apuntaba que iba a ser condenado. Josep Maria Felip solo ha sido sentenciado a siete años de inhabilitación, por lo que las acusaciones no han pedido ninguna medida cautelar. Felip ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación administrativa y su abogado va a recurrir ante el Tribunal Supremo.