La Conselleria de Bienestar Social ha estado enviando resoluciones oficiales que denegaban subvenciones de familia numerosa con el sello del departamento autonómico y la firma de un director territorial, Fernando Pérez Campos, que llevaba un mes y medio fallecido. El alto cargo murió de un infarto el pasado 4 de abril, a los 65 años. Pero la conselleria siguió mandando cartas, como la que ha tenido acceso Levante-EMV con fecha de 13 de mayo, en las que se desestimaban ayudas con la rúbrica del alto cargo fallecido. La conselleria afectada reconoció ayer esta anomalía y cifró en 36 las resoluciones denegatorias que se han remitido con la firma digital del difunto. El hecho se ha debido, añade un portavoz de Bienestar Social, a «un error en la cadena» vinculado con la aplicación informática que incorpora la firma digital de los altos cargos que se estampa en las resoluciones oficiales.
Las cartas dejaron de enviarse con este lamentable fallo a mediados de mayo, después de que la viuda del fallecido, Carmen de Rosa presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, conociera el caso y lo pusiera en conocimiento de la conselleria, que pocos días antes se acababa de dar cuenta del grave error. En el momento en que se detectó el dislate «se abrió un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido», asegura la conselleria. Ahora, el error se subsanará mediante el procedimiento administrativo oportuno: la convalidación de esas resoluciones. Es decir, se notificará de nuevo a los destinatarios la resolución, dando fe del error y con la firma, esta vez sí, correcta: la de la sucesora en el cargo, Carmen Jofre, nombrada el 23 de abril.
En las resoluciones erróneas, imposibles en la realidad, el documento aparece redactado como si quien hubiera estudiado el expediente en cuestión fuera el finado. De este modo aparecen fórmulas como, por ejemplo, «visto el expediente de la solicitud?», o una inconcebible primera persona del singular en la que el fallecido teóricamente proclama: «Resuelvo denegar la solicitud?». Y abajo, su firma digital (escaneada de la original y con la misma validez administrativa).
La Conselleria de Bienestar Social recalcó ayer que «el contenido de las resoluciones es correcto» y descartó que haya podido incurrir en falsedad en documento público. «Para ello tendría que haber beneficio de parte, y no ha sido así. Simplemente se trata de un error», apuntaron las mismas fuentes. Según la conselleria, al fallecer Fernando Pérez Campos se dio la orden de dar de baja su firma digital, pero no se llegó a eliminar de la aplicación informática que incorpora la firma del alto cargo correspondiente. Esa rúbrica se añade a la resolución una vez los técnicos han revisado el expediente y adoptado la decisión oportuna.
Un experto en Derecho Administrativo consultado por este periódico confirmó ayer que puede ser válido el mecanismo de la conselleria para subsanar el error aunque con un matiz: la firma podría ser considerada un elemento esencial del acto administrativo y, por tanto, eso requeriría no de una convalidación, sino de una nueva resolución con fecha actual.
