Lucas Ramón, de Xàtiva, es rotundo: «¡Ni vendiendo la naranja a precio de oro sacaría para pagar la contribución!». Este hombre de 50 años tiene 19 hanegadas de navelinas en unos terrenos que hace casi una década fueron declarados de uso industrial pero que nunca han llegado a urbanizarse, como ocurre en los alrededor de 150 PAIs (Programas de Actuación Integrada) que permanecen congelados en la Comunitat Valenciana. Eso a la Administración le importa poco: el valor catastral de sus parcelas, en el PAI del Cànyoles de Xàtiva, no responde a los naranjos que allí hay plantados: según cuenta, una parcela vale 670.000 euros y la otra ronda los 200.000 euros. En teoría, claro. «Hacienda dice que soy rico, pero yo voy de cabeza para ahorrar cada año más de 3.000 euros para poder pagar la contribución», asegura. Eso es lo que paga: 3.000 euros largos por estos bancales que tal vez él nunca verá convertidos en solar industrial. Al cabo del año, asegura, no les saca rendimiento suficiente «ni para pagar la contribución». El año pasado no llegó ni a los 2.000 euros por el estado de los árboles, debilitados por las heladas sufridas.«Están para arrancar y plantar de nuevo. ¿Pero qué hago? Está la situación como para plantar, si la naranja no vale un duro y el campo tampoco. Así que trabajo para el ayuntamiento?», ironiza.
En su misma situación se encuentran los propietarios de unas 237.000 parcelas diseminadas por todo el territorio valenciano y que, según el catastro, ocupan más de 45.000 hectáreas de superficie urbana no edificada. Es una de las herencias envenenadas que dejó el reventón de la burbuja.
Ahora, en cambio, los afectados han visto algo de luz con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a unos propietarios de suelo agrícola de Badajoz al considerar en un fallo que puede sentar jurisprudencia que si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo habrá de pagar como si fuera rústico y no la contribución hinchada que se viene aplicando para beneficio de las arcas municipales.
El fenómeno es más sangrante si cabe porque los propietarios afectados no pueden vender sus tierras, ni construir, ni invertir porque su suelo está sujeto a un desarrollo urbanístico congelado sine die. «Hay que olvidarse de vender. Te lo tienes que tragar, pagar y callar: es la única salida», dice Lucas Ramón, para quien sería «la lotería» si los tribunales le dieran la razón.
De la «alegría» a la realidad
En ese mismo PAI industrial de Xàtiva no desarrollado sobre el que el ayuntamiento hizo una rebaja del 40 % en el IBI tras las reclamaciones de los propietarios, rebaja que alivia pero que no les satisface se encuentra también Héctor Ferrando, de la Llosa de Ranes. Tiene cerca de doce hanegadas de naranjos, entre ella y su hermana, y el IBI urbanizable que les hacen pagar ronda los 1.600 euros. Pero llegó a pagar cerca de 2.000 hasta la rebaja. «Al principio te dio alegría verlo reclasificado como suelo industrial por la situación económica de bonanza que había entonces, en la que todo lo se vendía. Hubiéramos ganado dinero si se hubiera llevado a cabo el proyecto previsto, sí. Pero ha pasado el tiempo y te das cuenta de que te han metido en un sitio en el que no va a desarrollarse nada», apunta.
Héctor confía en que la nueva resolución judicial ayude a cambiar las cosas. «A ver si con este precedente nos escuchan más». Su razonamiento es simple: «Sólo queremos pagar por lo que tenemos. Y ahora no se está haciendo un uso industrial, sino que se utiliza como rústico. Si algún día cambia la situación económica y quieren reactivar las zonas industriales, a quien le toque que pague por lo que se haga en estas zonas en ese momento, pero no ahora».
Francisco Hernández, abogado que representa a la asociación de afectados en este PAI una pequeña muestra de lo que ocurre en todos los rincones de la Comunitat Valenciana insiste en la «indefensión» de los afectados y «la resignación que se ha instalado» al respecto. En especial, critica a la diputación por no suspender los embargos que lleva a cabo entre quienes no pagan el impuesto que la corporación provincial recauda en nombre de los ayuntamientos.
Ése es el caso de Luis Vilar, de Genovés. Con cerca de 17 hanegadas de navelina y clemenvilla en esos terrenos, Luis se hartó de pagar el IBI urbano hace tres años. Ahora, la Diputación de Valencia tras varios avisos de embargo le reclama 6.413,24 euros, más otros dos mil y pico que le llegarán este año. En total, casi 9.000 euros.
No sólo ha sido amenaza de embargo. Ya ha sufrido un embargo efectivo. En la cuenta bancaria en la que Luis ingresaba la pensión tenía algo más de 400 euros. La diputación le aplicó un embargo a la cuenta de Cajamar y la dejó «en sólo un euro y medio», recuerda. A partir de ahí, Luis que habla de «calvario», que ha llevado su caso a los tribunales y que reivindica que «uno no puede estar quieto ante una injusticia así» retiró su nombre de las cuentas bancarias y hasta de la venta de la naranja. «Todo va a nombre de su mujer. En previsión de que van detrás de mí para embargarme», dice. Sólo mantiene su nombre en una cuenta para recibir la pensión en el banco y la saca enseguida en metálico. Por si acaso. «Vamos luchando conforme podemos, pero esto es muy lento», lamenta. Ahora, con la sentencia del Supremo, la puerta está más abierta que nunca.
