Cazador, cazado. Rafael Piqueras, jefe de los escoltas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inició un proceso irregular para cazar al supuesto topo que ha filtrado información sensible de Presidencia y ha acabado con un expediente disciplinario y fuera del Palau. El escándalo, adelanto por Levante-EMV el sabado 4 de octubre, dio lugar, según explicó ayer el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, a una investigación interna dirigida por el máximo responsable de la policía autonómica, el comisario Alvaro Rodríguez. Las conclusiones, presentadas ayer en rueda de prensa por Santamaría, dejan a los pies de los caballos al que hasta ayer tenía en sus manos la seguridad del presidente y que ahora ha sido apartado del Palau.
El expediente constata que Piqueras interrogó el pasado 22 de julio en comisaría a Juan Botella, jefe de prensa del vicepresidente José Císcar sin que existiera ninguna investigacion policial ni judicial abierta. El escolta, a la sazón número dos de la policía autonómica, se enfrenta a un proceso sancionador, pero también a posibles responsabilidades penales, ya que la Conselleria de Gobernación anunció que hoy llevará el caso a la fiscalía para que sea la justicia la que determine si Piqueras amenazó al periodista. De momento, mantendrá su puesto como inspector jefe en la comisaría autonómica.
Santamaría, que compareció sólo aunque arropado desde la primera fila por los altos cargos de la conselleria, hizo una exposición técnica ciñéndose a los hechos probados en el expediente. Subrayó en varias ocasiones que Piqueras actuó por su cuenta, ya que «ningún responsable de la unidad adscrita a la policía nacional ordenó ni autorizó ningún tipo de investigación» en Presidencia. La propia conselleria, remarcó, se enteró por la noticia publicada por este diario y al considerar que se trataba de «informacion relevante» decidió la apertura de la investigación interna.
El conseller confirmó que el 22 de julio tuvo lugar la «entrevista» en comisaría entre Piqueras y Botella, una cita que se produjo a petición del primero y con el objetivo de indagar sobre la autoría de las filtraciones de documentación sensible. El interrogatorio se produjo en el despacho de Piqueras durante aproximadamente 40 minutos. Según detalló el conseller, ese día el jefe de los escoltas había acudido a una reunion de trabajo en Presidencia y al salir de ella preguntó por Botella al subsecretario de Presidencia, Sanchez Pellejero. Este alto cargo le llevó al despacho del periodista y se lo presentó. Piqueras pidió a Botella que le acompañara a la comisaría para ayudarle en una investigación y el periodista accedió. Según declararó personal de la comisaría la entrevista terminó entre 30 y 40 minutos «en condiciones de normalidad» y sin que nadie advirtiera «una situaicón anómala» o de «nerviosismo».
Hubo, como también adelantó este diario, una segunda entrevista entre ambos al día siguiente, esta vez en el despacho de Botella en la sede de la vicepresidencia. El conseller detalló ayer que, de las declaraciones de ambas partes ante el comisario, se deducen coincidencias y discrepancias. Las coincidencias tienen que ver con las fechas y con los tiempos y las discrepancias, con el «tono». Según la versión del jefe de seguridad, la «entrevista» entre ambos transcurrió con normalidad, mientras que Botella aseguró que, a pesar de haber accedido voluntariamente a ir a comisaría, una vez allí y frente a frente con el inspector se sintió «fuertemente presionado. Llegado a este punto, Santamaría, indicó que la Generalitat ha decidido trasladar a la fiscalía las conclusiones de la investigación para que decida si de ella se derivan responsabilidades penales, que en caso de confirmarse acarrearía apartar a Piqueras como agente.
Ni pruebas ni denuncia
Santamaría destacó que ninguna de las versiones p ueden ser contratadas y que no existen prueba alguna de «la situación de presión». Añadió que no hay ninguna denuncia presentada, por lo que la conselleria ha decidido trasladar el expediente a fiscalía. Durante la rueda de prensa, el conseller no aclaró las razones por las que el escolta reactivó una investigación sobre la filtración de documentos que la propia fiscalía había cerrado meses atrás al constar que no era posible determinar al autor de las filtraciones. Amparándose en que le expediente tiene carácter reservado tampoco quiso dar más datos sobre las declaraciones de ambos afectados ni sobre qué preguntas formuló el agente al periodista. Apuntó que los posibles «indicios» que tuvo el policía para la investigación deberán ser valorados por los tribunales.
