La juez argentina María Servini que instruye la causa contra el franquismo ha imputado y ordenado detener a una veintena de políticos y policías del régimen por sus implicaciones en persecuciones y asesinatos. Uno de estos investigados es Benjamín Solsona, un inspector de la brigada Político-Social de Valencia acusado de torturas a militantes antifranquistas.
Esta semana Interpol Argentina cursó una orden de detención internacional contra Solsona y los otros imputados, entre ellos conocido ministros de Franco. El arresto se tenía que haber hecho en 24 horas y los detenidos puestos a disposición judicial, pero un recurso de Interpol en España ha frenado esta petición. Exactamente igual que pasó con la demanda de extradición de el exinspector Juan Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, «capitán Muñecas», terror de los militantes antifranquistas.
El Gobierno de España realizará ninguna acción contra los acusados por Argentina porque asegura que la Ley de Amnistía les eximiría de cualquier responsabilidad. Además, alegan desde el Ejecutivo, los presuntos delitos estarían prescritos.
Según ha venido contando Levante-EMV, Solsona pasó de ser policía de Franco a jefe de la policía en Bilbao y trabajar en Mallorca. Ahora, con 84 años, vive jubilado en Valencia.
