La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado el sobreseimiento de la investigación judicial sobre el Plan Rabasa para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la que fuera secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda María Ángeles Ureña, actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al no apreciar indicios de delito contra ellos.
En un auto, los magistrados sostienen que no se ha concretado «en ningún caso cuáles han sido las irregularidades que se han llevado a cabo por el denunciado señor Díaz Alperi», ni tampoco las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco de la Operación Brugal arrojan «datos que permitan elevar a la citada categoría de imputada en cuanto a la señora Ureña».
El juez instructor, Juan Carlos Cerón, ya sobreseyó provisionalmente la causa para ambos en octubre del pasado año, y se ratificó en su decisión al desestimar los recursos de reforma planteados por las acusaciones, que apelaron entonces a la Audiencia Provincial.
La sección primera de este último órgano judicial ha secundado ahora los argumentos esgrimidos en su día por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, que rechazó la existencia de indicios de criminalidad contra los dos denunciados.
«Razón tiene el juez cuando explicita que no se puede llevar a cabo una imputación genérica y sin contenido específico para que se alteren las reglas de la distribución de la carga probatoria y tenga que ser un ciudadano sometido a una investigación penal quien tenga que acreditar la inexistencia de elementos de prueba incriminatoria contra él», señalan los magistrados Vicente Magro, Antonio Gil y José Antonio Durá.
En cambio, prosigue el auto, «para poder continuar adelante con unas diligencias debe atenderse a cuáles son las que determinan una imputación y no recurrir a una generalidad de observaciones». Los argumentos esgrimidos por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para inculpar a Díaz Alperi «son irrelevantes porque no evidencian en modo alguno dato suficiente para incriminarle», añade.
Para el tribunal, el que el exalcalde viajara a Oporto junto a la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en esta causa, «puede ser debido a la asunción de conocimientos acerca de una posible implantación de una mercantil en la ciudad», en alusión a la multinacional sueca Ikea, «siendo, como son, además, actuaciones públicas y no privadas».
Dicho viaje, celebrado en octubre de 2008 fue calificado de oficial tanto por el magistrado instructor como por la propia Castedo en su comparecencia como imputada, aunque ésta matizó que ella había pagado su parte de gastos de su bolsillo y podía probarlo con la documentación de una tarjeta de crédito.
