La devolución de la extra de 2012 por parte de los diputados de las Corts tendrá carácter «voluntario» aunque, si alguien rechaza reintegrar esos fondos, se expondrá al escarnio en plaza pública e, incluso, a no repetir en las listas electorales. La Junta de Portavoces acordó ayer por unanimidad que los parlamentarios renuncien a la parte de la paga que excede de lo percibido por los funcionarios de la Generalitat. De este modo, los diputados, que han cobrado casi íntegra la extra de 2012 a la que renunciaron en su día en solidaridad con los empleados públicos, se equipararán a los 44 días que se han abonado a los funcionarios del Consell, en lugar de a los 179 cobrados por la plantilla del Parlamento. La renuncia, no obstante, la debe realizar cada diputado individualmente, aunque, como reveló el síndic de EU, Ignacio Blanco, el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, dijo que desde la Cámara harán público el nombre de los diputados que no reintegren la paga. «Si lo pide cualquier grupo o la prensa, se les dirá», se comprometió. Después, desde el PP se matizó que esa publicidad podría colisionar con el derecho a la privacidad.

La incógnita se despejará pronto, ya que los diputados tienen hasta el 15 de marzo para presentar el modelo de renuncia. En la próxima nómina, se les descontará la suma. Los cuatro grupos se mostraron seguros de que todos los diputados devolverán el dinero. El problema, sobre todo en el PP, es cómo forzar a los exparlamentarios que dimitieron por casos de corrupción a que renuncien a un derecho reconocido e ingresado. Las Corts abonaron la extra a exdiputados condenados como Rafael Blasco y Hernández Mateo, así como a imputados en Brugal (Díaz Alperi y Sonia Castedo) o en Gürtel (Milagrosa Martínez, Angélica Such, Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Alicia de Miguel y Yolanda García). Éstos, que tienen que afrontar costosas minutas, difícilmente retornarán el dinero cuando ni siquiera se les puede presionar con la exclusión en las candidaturas, como al resto. También el expresidente Juan Cotino percibió la extra casi íntegra.

El síndic del PP, Jorge Bellver, señaló que, cuando se aprobó recuperar la extra, no eran «plenamente conscientes» de que equipararse a los funcionarios de las Corts suponía una percepción diferente a la de los empleados del Consell. En cambio, el socialista Antonio Torres pidió «disculpas». «Errare humanum est», dijo el catedrático de Latín. Enfatizó que no puede «alegar ignorancia» porque el acuerdo de la extra «se publicó el 13 de octubre en el boletín de las Corts» aunque admitió que no lo «leyó». Torres y otros cuatro diputados se adelantaron a devolver a las Corts el 100 % de la paga, y seguirán esta vía singular. Blanco expresó su protesta por haberse sentido «engañado» y los miembros de la Mesa Rafael Maluenda (PP) y Ana Barceló (PSPV) alegaron que no sabían que los empleados de las Corts tenían una situación diferente a los del Consell. Enric Morera (Compromís) resaltó que las Corts renunciaron a la extra en 2012 frente a Andalucía, Extremadura o País Vasco.