El Consell y todos los partidos de la oposición claman para que la AP-7 entre Tarragona y Alicante deje de ser de pago a partir de 2019, cuando finalice la concesión adjudicada entre 1971 y 1972 a Aumar. Unas palabras que, en en un año con tres convocatorias electorales, puede llevarse el viento en cuanto esté conformado el nuevo Gobierno central y se enfrente a la dura realidad de decidir cómo mantener una autopista de casi 300 km (entre Tarragona y Alicante): si a cargo de las exiguas arcas públicas o a cargo del usuario.
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, reiteró ayer que va a «luchar por la no renovación de la concesión» porque considera que va a ser «un revulsivo económico» para la Comunitat Valenciana. La AP-7 es «una infraestructura clave para la fachada mediterránea y nos ayudará a optimizar los recursos que disponemos. Es más, tendrá efectos positivos comparables a los del corredor mediterráneo». Bonig recuerda que «las Corts Valencianes aprobaron una proposición no de ley para la no renovación de la concesión de la autopista y esa postura es la que mantiene el Consell». Además de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró el año pasado en una intervención en el Congreso de los Diputados que el Gobierno Central no tiene previsto ampliar el plazo de las concesiones de la AP-7 en la Comunitat Valenciana.
Para el diputado del PSPV, Francesc Signes, «la AP-7 ya está más que amortizada y nosotros estamos radicalmente en contra de que en 2019 se prorrogue la concesión o que se convoque una nueva licitación». Signes considera un agravio comparativo que continuara el peaje en la AP-7 «mientras Fomento esté dispuesto a gastarse casi 3.000 millones de euros en rescatar las 8 autopistas radiales de Madrid».
El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, considera que el fin de la concesión del peaje de la AP7 en 2019 «ha de ser la fecha definitiva en la que se acaben los peajes en nuestras carreteras, porque no es cuestión de hacer más carreteras, sinó que hay que garantizar la vertebración de nuestro territorio y fomentar nuestra economía mediante la libre circulación y eso pasa por una A-7 libre, sin barreras, sin peajes, sin pagos». Compromís quiere que el PPCV se posicione y diga si «va a oponerse a las renovaciones de concesiones que han hecho en otras ocasiones, aunque la pena del peaje nos viene desde Franco y todos los gobiernos centrales, de UCD, PSOE y PP que han renovado la obligación de pago de los conductores». Por este motivo, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha registrado hoy una petición de comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que explique el posicionamiento del gobierno central respecto a la renovación o no de los peajes en el territorio valenciano».
El candidato autonómico de EUPV por Castelló, Jesús Monleón, considera el globo sonda de Abertis al Ministerio de Fomento sobre una posible prórroga del contrato sobre la AP7, «tiene mucho que ver con el más que probable cambio de gobierno en noviembre, la empresa quiere atar su negocio con un partido amigo en el ejecutivo, ya que la concesión finaliza en 2019. Existe un frenesí por garantizar que los amigos de la privada continuen haciendo caja de producirse un cambio de gobierno».
