El PSPV ha aceptado la propuesta de Compromís para que Eva Coscollà, actual subsecretaria de la Conselleria de Economía, sea la directora general de Función Pública, el departamento que controla los funcionarios de la administración pública y que debe firmar tanto los concursos públicos de personal como nombrar a los altos cargos del tercer escalafón. La falta de consenso en la designación de este puesto tiene bloqueada la Generalitat.
El pleno del Consell del viernes nombrará a Coscollà en su nuevo puesto tras dos meses de duras negociaciones y con una batalla sindical en el trasfondo de la designación. La primera opción de Compromís era el representante de Intersindical Adel Francés. La coalición tuvo que retirar a este candidato porque FSP-UGT convenció al PSPV de que el nombre no era el adecuado y alegando también que este cargo no se podía sindicalizar. Cabe recordar que el director general de Función Pública es el que debe negociar con los funcionarios sus salarios y condiciones laborales. Los socialistas reclamaron una persona de consenso para este puesto.
La segunda opción de Compromís fue Eva Coscollà, recién nombrada subsecretaria de la Conselleria de Economía. Los socialistas pidieron tiempo para valorar la situación y tras dos semanas han aceptado el nombre. Coscollà tendrá que abandonar su puesto en el departamento de Rafa Climent para pasar a la Conselleria de Justicia.
Ahora el problema en Función Pública pasa a la Conselleria de Economía, que se queda sin subsecretaria dos meses después de haber arrancado la legislatura. Compromís ofreció a Adel Francés este puesto pero éste lo rechazó porque su intención era dirigir Función Pública, departamento para el que tenía un proyecto.
Por otra parte, fuentes socialista explicaron que la persona que ocupe el puesto que deja Eva Coscollà deberá ser consensuado otra vez con el PSPV.
Con el acuerdo en Función Pública todavía queda por cerrar las atribuciones del Instituto Valenciano de Finanzas, que con seguridad también se aclararán esta semana y la pugna entre las consellerías de Medio Ambiente y Vivienda por realizar los informes de impacto ambiental a los proyectos urbanísticos.
