La empresa pública de la diputación, Imelsa, ya tiene lista la carta de despido para una treintena de sus empleados que han venido cobrando los últimos años pese a ocupar trabajos «sin contenido» o «desconocidos». La intención es comenzar la «operación limpieza» sin demora y comunicarlos esta próxima semana. Deshacerse de estos empleados no resultará barato: su despido costará cerca de un millón, según los cálculos de la Diputación de Valencia.
La auditoría laboral que vienen realizando los nuevos gestores de la corporación de izquierda que lidera el socialista Jorge Rodríguez ha concluido que el número de estos trabajadores que nadie ve —zombis, han dado en llamarles en la casa— es finalmente de una treintena, más de los 22 inicialmente catalogados.
En la Diputación de Valencia el cabreo es mayúsculo con la situación laboral que se están encontrando en Imelsa, la mercantil que tiene como principal cometido la extinción de incendios pero que por momentos se convirtió en agencia de colocación del PP, aseguran.
Dentro de esta treintena de trabajadores hay varias casuísticas, pero en muchos casos se trata de personal que funcionaba como asesores. Sin embargo, en lugar de ser contratados como personal de confianza de la corporación, de modo que su tarea finalizara con la del cargo público que les designaba (sin derecho a indemnización) al entrar por la vía de Imelsa se convirtieron en indefinidos. Algunos pasaron de ser asesores a empleados en Imelsa encadenando legislaturas; otros entraron directamente en la empresa publica, explican. En uno de los casos localizados por la auditoría laboral, la trabajadora en cuestión no ha fichado ni un día en toda su vida laboral ligada a la empresa. Ha alegado que estaba exonerada de hacerlo, explican desde la corporación provincial.
«El PP ha usado Imlesa para hinchar de asesores la diputación, con la diferencia de que a estos sí que hay de indemnizarlos», critican desde la diputación.
Amortizado en un año
Según los cálculos de la diputación, cada uno de esta treintena de «falsos asesores» percibirá entre 8.000 y 100.000 euros de indemnización, dependiendo del tiempo que han estado contratados. El coste total rondará el millón de euros, aunque está previsto que el gasto quede amortizado en un año al librarse de esos salarios.
Sin embargo, la cifra podría dispararse más aún en aplicación del nuevo convenio de Imelsa aprobado por el anterior equipo de gobierno de la diputación, presidida por Alfonso Rus. Se firmó el 30 de abril de 2015, apenas 20 días antes de las pasadas elecciones. El nuevo marco laboral en la empresa pública podría encarecer tanto estos despidos como los siguientes que tiene previsto acometer la diputación. Ese convenio les da 33 días por año trabajado a un mínimo de 3.000 euros, independientemente del tiempo trabajado.
Desde la plaza Manises aseguran que la empresa es factible pero que la plantilla «necesita cirugía». «Tenemos que solventar el desaguisado. Hay gente trabajando en puestos muy específicos sin conocimientos ni formación», ejemplifican desde la empresa. Como viene contando este diario, la situación laboral en Imelsa ha sido bastante cuestionable durante los últimos mandatos populares. Desde que Alfonso Rus entró en la diputación y puso a Marcos Benavent al frente, entre 2007 y 2015, el 84% de las nuevas contrataciones en Imelsa fueron a dedo. 41 de los 49 casos, sin publicidad ni libre concurrencia.
El «hartazgo» de Jorge Rodríguez con la empresa pública
En la Diputación de Valencia reconocen que Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y presidente de la corporación, está empezando a «hartarse» de Imelsa, una empresa pública en la que se han encontrado un situación mucho peor de lo esperado. Y no solo por la presunta trama de corrupción con cobro de comisiones, que ha imputado al exgerente Marcos Benavent y ha salpicado al expresidente Rus. «Solo es fuente de malas noticias y puede puede derivar en insostenible politicamente», advierten.
