El PP llevará también a los tribunales los vetos a que los ediles vayan a procesiones

La cruzada del PP a cuenta de los símbolos no se limitará a envolverse en la bandera de España o a la letra del Himno de la C. Valenciana. La presidenta y portavoz en las Corts, Isabel Bonig, anunció ayer que su partido impugnará y llevará ante los tribunales aquellos acuerdos de pleno y decretos de alcaldía que «atenten contra símbolos, como quitar la bandera o cambiar el himno», y también aquellos «que prohíban a concejales asistir a procesiones y otros actos religiosos o corridas de toros en calidad de concejales».

Fue el anuncio estrella tras la primera reunión del grupo popular de cara a preparar el periodo de sesiones, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de los tres portavoces adjuntos, María José Catalá, Vicente Betoret y Eva Ortiz.

Según explicó, de momento ya trabajan en tres casos en los que existe resolución administrativa y en los que el PP presentará una denuncia «por vulneración de derechos fundamentales». Se trata de Meliana y Puçol, por «prohibir a los ediles acudir a las procesiones patronales en calidad de concejales», y Xilxes, donde «se ha negado la cesión de una plaza para la celebración de un acto religioso que se hacía siempre y que se ha cedido para muchos actos culturales y deportivos». La popular apuntó que hay más casos aunque el recurso es más complicado porque las órdenes han sido verbales, como «prohibir a las bandas de música tocar el himno de España».

«¿Cómo se puede prohibir que concejales que representan la voluntad popular asistan, en su condición de concejales, a una procesión o acto religiosa? Eso no es propio de un sistema democrático; eso pasa en Cuba pero no en España en el siglo XXI y en la UE», aseveró Bonig. A su juicio, si un alcalde «no quiere ir a una procesión, perfecto, pero no puede obligar a otros», dijo en referencia a las resoluciones, que no afectan a la asistencia a título personal sino como representantes municipales y, en consecuencia, como autoridades. Para Bonig, estos acuerdos «son manifiestamente ilegales, atentan contra el derecho fundamental de libertad de culto y la libertad de expresión». «No queremos judicializar la vida política», indicó, «pero tampoco vamos a permitir que los representantes políticos atenten contra la libertad e incumplan la Constitución y el Estatuto». «Es muy grave que no se respete la ley».