La losa económica heredada por el Consell de izquierdas va más allá de la carga de la deuda o de la hipoteca del gasto comprometido para futuros presupuestos y alcanza las multas impuestas por excesos en la ingeniería contable. El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, notificó ayer a la Generalitat que ha de pagar los 18,93 millones de euros de multa que el Consejo Europeo impuso a España el pasado 13 de julio por el falseamiento de los datos del déficit de las cuentas valencianas al ocultar durante años una parte del gasto sanitario.
El Gobierno ha notificado el inicio del procedimiento de «repercusión de responsabilidades» por la manipulación de las cuentas en una carta remitida por el director general de Hacienda, Juan Ignacio Romero, y firmada por la secretaria general de coordinación autonómica y local, Rosana Navarro. En la misiva se recuerda que la Generalitat incurrió en «negligencia grave» al no registrar esos gastos e «incumplir el principio del devengo en las cuentas nacionales», una irregularidad notificada por España a la UE en 2012, cuando la Generalitat tuvo que aflorar las facturas para acogerse al Plan de pago a Proveedores. En esas facturas había 1.842 millones de gastos sin contabilizar dentre 2008 y 2011. El Gobierno de Rajoy se vio obligado a revisar el déficit que semanas antes había declarado a Eurostat, lo que provocó la apertura de la investigación. La práctica de ocultar gastos se remonta a años atrás. La bola creció con gobiernos del PP hasta alcanzar los 3.506 millones.
En 2012 el Consell presidido por Alberto Fabra y con José Manuel Vela como conseller cuantificó un déficit para 2011 que no incluía el gasto oculto, una irregularidad que ha motivado la sanción. El Tribunal General de la Unión Europea no aceptó la alegación del Gobierno y ahora el Ministerio de Hacienda ha reclamado al Consell de Ximo Puig que abone esos 19 millones «en el plazo de dos meses» una vez el acuerdo del Consejo de Ministros sea firme. Se dan 15 días a la conselleria para alegaciones.
Investigación comunitaria
El Consell deberá abonar «la multa por importe de 18,93 millones, así como los intereses compensatorios. El «presunto responsable» —se advierte— podrá acometer el «pago voluntario anticipado de la deuda en cualquier momento» antes de que la resolución sea firme. Si así sucede, se avisa de que no se cargarán intereses. En caso de negarse a pagar, «se pondrá en marcha el mecanismo de repercusión contemplado en el artículo 17.2 del real Decreto 515/2013». En esencia, que si el Consell no abona la sanción, el Gobierno se lo descontará cuando le transfiera los recursos que le corresponden a la Generalitat en la aplicación del sistema de financiación autonómica. «El Estado efectuará la compensación, deducción o retención (...) en primer lugar con cargo a los recursos o flujos satisfechos en aplicación del régimen de financiación», advierte el ministerio de Montoro.
La Comisión Europea inició en julio de 2014 una investigación a España por la «manipulación estadística en la Comunitat Valenciana». El pasado 7 de mayo, la Comisión concluyó que la valenciana fue «la única región que presentaba irregularidades en el registro y transmisión de datos, principalmente relacionadas con el gasto sanitario». El gasto no registrado acumulado durante diversos años —más de veinte ejercicios— ascendió a miles de millones de euros.
Culpa de la Intervención General
La Intervención General de la Generalitat (con Salvador Hernándiz al frente) «incurrió en negligencia grave al no registrar los gastos sanitarios en la contabilidad pública, lo que determinó una transmisión incompleta de los datos de déficit público [de 2011] a Eurostat en la primera notificación de 2012», según el informe de la UE.
Se determina asimismo que la «responsabilidad del incumplimiento del derecho de la Union Europea recaería en la Comunitat Valenciana en exclusiva (...) sin que proceda determinar otra Administración Pública subsidiaria ni distribución de responsabilidad a estos efectos». El Consell tiene hasta que acabe septiembre para presentar alegaciones.
