La financiación concreta
Como hemos dicho, el NGPH (modelo basado en las necesidades de gasto por habitante) no es exactamente la financiación autonómica, sino el resultado de una metodología que trata de homogeneizar los servicios básicos entre las distintas CCAA y con cuya filosofía se distribuye el llamado Fondo de Garantía. Sin embargo lo que ahora nos interesa se designa «índice de financiación normativa a competencias homogéneas por habitante ajustado» y que resulta de dividir la financiación total que recibe cada una de las distintas CCAA, por la población ajustada correspondiente. A efectos comparativos, en la representación gráfica de la fórmula actual, se normaliza el resultado asignando 100 al promedio de las 15 CCAA. Así, en el primer gráfico hemos mostrado las diferencias en el NGPH, resultado de aplicar estrictamente la formula en 2013, sin embargo quedan dos factores a tener en cuenta para entender la financiación que recibimos. El primero y más importante es la evolución de la recaudación fiscal en la CV, que en 2007 era del 97% de la media nacional en 2013 se había reducido en casi un 10% al pasar a ser seis años más tarde el 88% en consonancia con la evolución de nuestro PIB regional. El segundo tiene que ver con la distribución de los tres fondos restantes cuyo análisis nos llevaría mucho tiempo.
Consecuencia de datos no actualizados y de menores ingresos en la CV de IRPF e IVA son los resultados de «financiación por persona» de 2013 que muestra la representación gráfica de la fórmula propueta. En el mínimo con 93 está la Comunitat Valenciana y en el máximo con 124 Cantabria. El hecho de que por encima del promedio 100 aparezcan más CCAA de las que lo hacen por debajo es debido al mayor peso demográfico de estas últimas, ya que no hay que olvidar que hablamos de habitantes.
Conclusiones
1) Parece insostenible un Estado de las Autonomías en el que siendo 100 el índice medio de financiación normativa a competencias homogéneas por habitante ajustado pueda darse que haya un mínimo de 92, desgraciadamente para la CV y otras CCAA como la de Cantabria a 124. El proceso del reparto horizontal no ha funcionado y el debate sobre el reparto vertical no ha sido posible, pues cuando en plena crisis además de iniciarse el debate sobre un nuevo modelo buena parte del pueblo catalán se ha planteado la independencia.
2) Quienes discutieron, a lo largo de 2008, el llamado modelo del 2009 fueron muy poco profesionales ya que no debieron analizar los efectos de las distintas variables sobre nuestro Fondo de Garantía. El hecho que hoy sepamos que en aquellos años se practicaba en la GV la insoportable práctica de las facturas en los cajones, ayuda a aumentar esta sospecha de ineficacia en los responsables.
3) El hecho que se aceptara que la NPGH fueran las más bajas de estado permitió dar la idea que gracias a ello se podían dedicar los presupuestos de la GV a otros gastos (eventos, grandes obras, etc.) que no pueden calificarse de necesidades básicas.
4) Las cifras de la débil financiación de la GV eran perfectamente previsibles al inicio de cada ejercicio presupuestario, pero en lugar de intentar ajustarse razonablemente a ellos se siguió un política de endeudamiento que acabado conduciendo a la monstruosa deuda de la GV y cuya liquidación parece imposible.
5) Desde la puesta en marcha del modelo de financiación de 2009, que incluso mejoro el anterior, se sabía que la CV iba a estar financiada por debajo de la media. Usarlo ahora tiene poca fuerza en especial en boca de expertos que trabajaron para elaborar el modelo de 2009 del que ahora abominan.
6) La discusión acerca de que parte de la deuda es achacable a la corrupción y a la mala gestión de los responsables de la GV y cual es responsabilidad de la mala financiación es una cuestión morbosa, en tiempos críticos como los actuales. Desgraciadamente nunca sabremos la forma de demostrar y castigar a aquellos que se empeñaron en usar fondos de la GV para gastos dudosos, sin preocuparse de garantizar el futuro de los servicios básicos. Es evidente que los primeros tuvieron en su momento determinados réditos electorales y que la situación de colapso actual no es asumida por ningún responsable anterior.
7) Sin duda, a tenor de las circunstancias económicas de CV, el modelo de 2009 es más injusto que nunca, hasta el punto que hace inviable a la GV, cuyo Consell deberá tomar decisiones radicales en breve. Quizás la situación actual sería un poco menos grave, si un nuevo modelo hubiera estado en marcha desde Enero de 2014, pero ésta renovación sólo es una intención expresada con motivo de la promulgación del modelo de 2009 y no desgraciadamente una obligación legal. En todo caso puede entenderse como una posibilidad la de aplicar una cierta retroactividad, en el caso que se alumbre uno nuevo a lo largo de 2016.
8) El esfuerzo del Consell consistente en llevar a los tribunales por el tema de la financiación de la GV perece una operación de escaso recorrido, pues en la descripción que hemos hecho no se puede acusar al Ministerio de Hacienda de incumplimiento o falsificación en los cálculos.
9) Cuando la GV está en una situación de intervención "de facto" por parte de las autoridades españolas y europeas no es muy comprensible que haya una descalificación radical de mecanismos que como el FLA han permitido hasta ahora un mínimo funcionamiento.
10) En estos momentos el Consell no está en condiciones de preparar un presupuesto con ingresos creíbles para 2016. Hoy sabemos que el de 2015 se hizo bajo supuestos falsos y ello explica las dificultades para terminar el año, cuya única posibilidad es incrementar el FLA. Téngase en cuenta que a la hora de elaborar un Presupuesto los dineros que puedan ser prestados a través del FLA no pueden ser considerados como ingresos.
Estamos en una situación crítica.
