El equipo de gobierno que lidera Jorge Rodríguez continúa con su transición suave al frente de la Diputación de Valencia y en las próximas semanas cesará al que en los últimos años ha sido el interventor de la corporación provincial, Ricardo Camarena.

La diputación ha decidido realizar el relevo este mes de diciembre, una vez estén aprobados los presupuestos para el próximo 2016, «para que el funcionamiento de la diputación no se vea afectado», explicaron fuentes de la institución.

Este cargo, de libre designación del presidente de la diputación, ha estado rodeada de polémica en los últimos tiempos. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) recurrió a los tribunales el decreto de nombramiento firmado por Alfonso Rus en 2011 al considerar que no estaba suficientemente motivado.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, atendiendo a las peticiones del colegio, ha anulado hasta en tres ocasiones el nombramiento de Camarena, y otras tantas veces la corporación ha dictado decretos de nuevo nombramiento ampliando la justificación del mismo. Sin éxito.

El último nombramiento, de hecho, lo ha realizado ya la nueva corporación. Fue el cuarto. «Lo hicimos por lealtad institucional y por coherencia con los actos jurídicos propios», alegaron desde la institución provincial. Los nuevos gobernantes entraron a la corporación una vez el TSJ había tumbado por tercera vez el nombramiento, ya que no estaba suficientemente motivado, como había pedido la jueza. El fallo reclamaba que se justificase su elección y no la de los otros aspirantes. En 2011, cuando se produce el nombramiento de Camarena, la institución se limitó a decir que en el elegido «concurren el mayor número de circunstancias que lo hacen el más idóneo para ocupar el puesto convocado».

Desde la institución, a preguntas de este diario, restaron importancia a la decisión. Y vincularon la decisión a que el nuevo gobierno provincial, desde su llegada, ha ido conformando sus propios equipos «desde la tranquilidad, sin fulminar a nadie, porque hubiera dado la imagen de castigo», de «caza de brujas». La relación con el interventor, aseguran, es «cordial y normal». «No es un cese fulminante porque no hay ningún motivo», insistieron, desligando la decisión de la polémica que ha rodeado la corporación por la gestión del PP, ahora investigada en varias piezas bajo secreto de sumario.

A partir de la aprobación de los presupuestos, se abrirá un concurso de méritos para la designación del nuevo interventor, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley en todo lo relacionado con la parte económica de la institución.

Imelsa cambia de sede para ahorrar

Por otro lado, la empresa pública Imelsa ha acordado la unificación de todos sus servicios en una misma sede, que estará ubicada en la calle Avellanas de Valencia, según informó la Corporación provincial.

De esta manera, Imelsa ahorrará 240.000 euros en concepto de alquiler durante los próximos tres años. Pasado ese tiempo, está previsto el traslado definitivo al edificio de la Diputación en la calle Gaspar Aguilar, que se encuentra en proceso de adecuación y a la espera de los permisos.