Alcaraz se ve forzado a modificar el reglamento tras la crisis del «cambiazo»

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) levantó ayer acta del «cambiazo» en el reglamento orgánico y funcional (ROF) de la Conselleria de Transparencia aprobado el pasado mes de septiembre y que abrió una crisis entre los departamentos de Manuel Alcaraz y el de Justicia, que dirige Gabriela Bravo. Tal como informó en su momento Levante-EMV, Presidencia de la Generalitat tuvo que intervenir para contener al departamento de Gabriela Bravo, que denunció internamente irregularidades en el trámite de aprobación del ROF de Transparencia. El texto, donde se organizan las funciones de las conselleries, sufrió una modificación antes de su aprobación en el pleno del Consell y después de haber pasado por la comisión de subsecretarios. Transparencia incorporó un añadido referido a la memoria histórica, una competencia asignada a Justicia y en la que el departamento de Alcaraz figuraba como colaborador.

Dos meses después de la aprobación del reglamento y con el caso del 'cambiazo' destapado, las partes enfrentadas han encontrado una solución de aliño que, en la práctica, viene a evidenciar las anomalías en el proceso de la aprobación del rof con la pelea por la gestión de la memoria histórica como telón de fondo. En concreto, el nuevo reglamento viene a «precisar» las competencias de la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. Así, podrá «participar en todos aquellos órganos que, en su caso, se creen relativos a la recuperación de la memoria histórica, como herramienta para completar la visión que debe tener la sociedad valenciana de su autogobierno». En el Rof publicado en septiembre se recogía la participación en «los órganos de decisión y coordinación» relativos a la memoria histórica. El cambio es tan de matiz que viene a resultar hilarante, por lo que su publicación parece responder a las presiones de Justicia para que Transparencia enmendara su actuación.

Ahora bien, el texto no se aprueba mediante la fórmula de la corrección de errores, sino mediante un decreto, que lleva la firma del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que se justifica en que, «tras las experiencias adquiridas en este breve espacio de tiempo», es aconsejable precisar las competencias de la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento.

La solución pactada entre Bravo y Alcaraz es, a pesar de la certificación pública de la disputa, la menos dañina para el Consell en su conjunto. Cabe recordar que existe un informe de Función Pública en el que se recoge que el texto que pasó por el pleno del Consell no fue el que este departamento informó para la reunión de subsecretarios. De ser así, el documento publicado posteriormente en el DOCV sería nulo. No reconocer el decreto podría tener consecuencias de tipo jurídico, ya que los actos de esta conselleria a la luz del ROF también podría carecer de respaldo legal. La inseguridad jurídica sería tal que finalmente se ha optado por una solución de baja intensidad con la que se busca zanjar definitivamente el caso del cambiazo.

Cabe recordar que al arrancar la legislatura Transparencia tuvo que anular por corrección de errores su primer Rof en el que se asignaba competencias que reclamaba Justicia.