Cuatro de cada diez empleos públicos destruidos en la Sanidad española desde la entrada de Mariano Rajoy en la Moncloa pertenecen a las instituciones sanitarias valencianas. Es cuatro veces más de lo que le correspondería por proporción de habitantes a la Comunitat Valenciana. Pero los datos del último boletín estadístico del Ministerio de Hacienda sobre empleados al servicio de las administraciones públicas son contundentes. De los 24.189 empleos públicos perdidos en las instituciones sanitarias de España desde enero de 2012 hasta julio de 2015 (último dato conocido), hay 9.493 que se localizan en hospitales y centros de salud valencianos. En concreto, el 39,2 % del conjunto estatal.
No se trata de despido de funcionarios. El retroceso del personal funcionario está relacionado con dos factores. Por un lado, con los recortes de plantilla impulsados por el Gobierno central en las dos últimas legislaturas a través del tope fijado a la reposición de jubilaciones. Por otro lado, en el caso valenciano está sobredimensionado por la estrategia privatizadora y de externalización de servicios acometida por la Generalitat Valenciana en el último lustro, según interpreta la Federación de Servicios Públicos de UGT.
De Zapatero a Rajoy
Aunque la Sanidad está transferida a las autonomías, un decreto estatal aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2010 para reducir el déficit público limitaba al 10 % la sustitución de funcionarios que se jubilaran o abandonasen las administraciones. Este tope del 10 % en la tasa de reposición „el número de contrataciones públicas por cada baja„ estuvo vigente de 2011 a 2014. En 2015, el tope de sustitución se elevó al 50 % en Sanidad. Y este 2016, por decisión del anterior Gobierno de Rajoy, ya será del 100 %: se podrán incorporar tantos nuevos funcionarios como empleados públicos abandonen el sistema.
Sin embargo, este hecho es compartido en toda España. De ahí la reducción estatal de 505.185 a 480.996 trabajadores públicos en la sanidad de todo el Estado entre enero de 2012 y 2015. Pero si la sanidad Valenciana destaca de semejante modo en la destrucción del empleo público „el 39 % del total„, las causas hay que buscarlas en decisiones del Consell.
Por un lado, el decreto 70/2013 por el que se ordenan diversas categorías de personal estatutario de la Agència Valenciana de Salut. Mediante este decreto desaparecen históricos servicios de las plantillas sanitarias que pasan a ser externalizados.
Entre esas plazas de personal no sanitario que gradualmente desaparecen „en función de jubilaciones o fin de interinidades„ figuran las de albañil, bibliotecario, calefactor, capellán, carpintero, cocinero, conductor, costurera, electricista, empleados de lavandería, fontaneros, mecánicos, pedagogos, peluqueros, peones, pinches, profesores, psicólogos, técnicos de hostelería o telefonistas.
Servicios como el de mantenimiento ya han sido externalizados desde hace años. Dichos servicios pasan a desempeñarlos empresas. Conclusión: «Menos plantilla pública, más contratos privados y potenciación de las concesiones administrativas. En definitiva: más negocio», sostiene el responsable de FSP-UGT en la Comunitat Valenciana, Miguel Usó.
El otro gran factor que UGT identifica con el gran retroceso del empleo público sanitario en la Comunitat Valenciana es la extensión de las privatizaciones. Hay cinco hospitales públicos de gestión privada: Alzira, Dénia, Elx, Torrevieja y Manises. Esta estrategia iniciada en tiempos de Zaplana redunda en na reducción del personal sanitario público, puesto que las empresas concesionarias son las que asumen la contratación y condiciones del personal de estos centros, agrega el responsable de UGT.
CSIF: jubilaciones más tardías
Ante la destrucción de personal público en la sanidad, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó ayer en las mesas técnicas y generales «la cobertura de la totalidad de las plazas vacantes por jubilación en Sanidad». Además, CSIF plantea que «ante el envejecimiento del colectivo, el sindicato ha litigado y ganado sentencias para que el personal pueda prorrogar la edad de jubilación y no verse forzado a jubilarse a los 65 años, como ha tratado de imponer la conselleria».
