No se llama David, pero con sólo cinco años y una grave discapacidad motriz, este pequeño le ha ganado el pulso a todo un Goliat como es la Conselleria de Educación. Administración a la que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia acaba de condenar por vulnerar el derecho fundamental a la educación de este niño de Utiel cuyos padres tuvieron que comprar hasta un pupitre y una silla adaptada porque la Conselleria de Educación del PP no facilitaba los medios para hacer posible su inclusión educativa en un colegio público.
Aunque hasta tres dictámenes de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE) de la propia conselleria ordenan la integración de este alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en un colegio y en un aula ordinaria desde hace tres cursos, ni primero la conselleria del PP ni ahora la de Compromís-PSPV han aportado los recursos necesarios para que Alejandro, según se lee en la sentencia, pueda acceder «a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás» escolares.
Desatención «injustificada»
Una desatención que según el magistrado atenta contra «el derecho a la igualdad de trato en la educación», algo que para el juzgador resulta «aún más injustificado cuando todos los ciudadanos hemos visto como se ha gastado dinero público en actuaciones absolutamente prescindibles».
El dictamen de escolarización del SPE establece desde que Alejandro entró en el curso 2013-14 en Infantil 3 años en un colegio público de Utiel que para favorecer su integración en un aula ordinaria precisa, entre otras medidas, del apoyo de un educador durante toda la jornada escolar y de la atención de un fisioterapeuta que vele por el control postural del menor, así como de material adaptado.
Tres cursos después, estas tres medidas no se han cumplido. La conselleria del PP sólo concedió el educador durante 90 minutos al día, período que amplió a dos horas y media y, para este curso, «a media jornada y no todos los días», explica Rosa, la madre del niño.
El cambio educativo pasa de largo
Ésta confiaba en que el cambio educativo prometido por el conseller Vicent Marzà le llegara también Alejandro, pero ha pasado de largo. «La inspectora nueva ha venido al colegio, y yo tenía esperanza de que nos concediera el educador a jornada completa, pero no...», lamenta. «Mi hijo no camina y necesita ayuda para desplazarse, ir al baño, y hacer los trabajos en clase», por lo que cuando ya no está el educador «si el niño quiere hacer sus necesidades me llaman de la escuela para que lo lleve yo», apunta.
Las carencias en cuanto al material adaptado también son importantes. Los padres tuvieron que comprar hasta el pupitre y la silla para que su hijo pudiera estar en clase. Una falta de medios que Educación no subsanó hasta que en septiembre de 2014 Levante-EMV la dio a conocer en portada.
«Nadie mueve ficha»
Este curso Alejandro cursa Infantil 5 años y tanto la tableta en la que está empezando a leer y escribir, como el teclado que precisa para trabajar con ella y el atril que la sostiene lo aportan los padres. «Solicité dicho material en septiembre y estamos en enero y no ha llegado... Nadie mueve ficha, no sé por qué», critica la madre.
Quien si que ha movido ficha es el juez que en la sentencia, además de condenar en costas a la conselleria, ordena: «el cumplimiento del programa logopédico establecido en el informe psicopedagógico, la dotación inmediata de un educador a tiempo completo, la dotación inmediata de un fisioterapeuta, la dotación de los medidos materiales necesarios, comprendiendo, en todo caso, un pupitre adaptado completo (o sea, con su correspondiente silla adaptada) y material didáctico específico, el establecimiento de medidas para control postural, el establecimiento de medidas para fomentar la integración de Alejandro en su entorno escolar, así como para facilitar su movilidad, el establecimiento de un programa especifico para Alejandro, con la correspondiente adaptación curricular».
Los padres están satisfechos, pero admiten que el «daño moral es irreparable». «Es humillante haber tenido que ir a los tribunales para que mi hijo tenga lo que tienen los demás niños, o tener que salir en los periódicos para que tenga silla y mesa». Para Rosa «la inclusión educativa no es posible sin recursos y a nosotros nos han puesto todas las piedras en el camino». «A conselleria solo le pido que ponga los medios ya, que no me haga pedir la ejecución de la sentencia», agrega.
Ante la pregunta de si Educación recurrirá la decisión judicial, que no es firme, fuentes del departamento del conseller Marzà se limitaron a señalar ayer que la Abogacía de la Generalitat está estudiando el fallo.
