El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra se niega a pagar la multa de 18,9 millones que la Unión Europea impuso a España por la manipulación del déficit tras el ocultamiento de facturas que realizó la Generalitat en los años de Francisco Camps como presidente.

En su defensa, el actual Consell alega que no tuvo responsabilidad alguna y que el Gobierno no actuó correctamente en su labor de vigilancia pese a que ya existían denuncias durante años del Síndic de Comptes que advertían de la ocultación de facturas.

Ello, entiende el Consell, hacía público y notorio que ya existía una actuación negligente por parte de los anteriores gestores de la Generalitat. Las fuentes explican que no se trata de un acto de insumisión, sino de rechazo al pago por la constatación de que el Ejecutivo central miró hacia otro lado pese a las evidencias, por lo que hay base legal para recurrir el pago de la multa. En el recurso, la Conselleria de Hacienda incluye, además, un informe de reparo que un interventor realizó en 2003 y en el que advertía de que el Consell podía incurrir en responsabilidad contable y al que nadie hizo caso.

En el escrito firmado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se recoge que los informes de la Sindicatura se remitieron al Tribunal de Cuentas, se hicieron públicos en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes y tuvieron una amplia difusión en los medios.

Soler replicó ayer que el actual Consell no debe pagar por una responsabilidad del anterior y «porque el Gobierno de España, el gran supervisor, no hizo nada».

Las autoridades europeas ya constataron que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011, siempre bajo gobiernos de Camps. En el recurso se solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto por el que la Administración central pretende repercutir el importe de la multa a la Generalitat, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la Unión Europea.

Alegaciones de la Generalitat

En ese sentido, las alegaciones de la Generalitat subrayan que los hechos que han motivado la sanción de la UE, es decir, la práctica de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura presupuestaria y no contabilizarlo, eran «notorios, públicos y sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda, por la IGAE y por el INE, ya que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales de fiscalización de las cuentas de la Generalitat, que se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de los noventa esta realidad.

Esas fiscalizaciones no solo se remitían a los organismos estatales, sino que se publicaban en el diario oficial del Parlamento valenciano, y además gozaban de una amplísima repercusión pública que el Gobierno no podía desconocer. Como muestra de ello, el escrito de alegaciones se acompaña de referencias de numerosos medios de comunicación en las que se reflejan las denuncias del Síndic sobre la ocultación de facturas por parte de los anteriores ejecutivos del Partido Popular.