El pleno del Tribunal Constitucional, acepta parcialmente el recurso presentado por Extremadura, y anula la prohibición impuesta por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a las comunidades autónomas de que se atribuyan a los entes locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud. El Constitucional plantea que ambas son competencias autonómicas que prestaban los ayuntamientos porque lo permitieron las comunidades o el Estado. Y añade que el Estado solo puede atribuir competencias locales o prohibir que se desarrollen cuando tenga la competencia en la materia. La resolución ampara la pretensión del Gobierno de introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local. levante-EMV valencia
