El empresario valenciano Miguel Zorío aseguró ayer al tribunal que las facturas que presentó al Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, para que las cobrara de la Generalitat Valenciana por el proyecto de Juegos Europeos no eran falsas, sino que fueron rechazadas porque no estaban suficientemente documentadas.

En su declaración como testigo ante la Audiencia de Palma, el responsable de la empresa Lobby Comunicación explicó que la Generalitat Valenciana las rechazó «no porque fueran falsas ni falseadas, sino porque no llevaban soporte documental», algo que ha atribuido a que el contable del Instituto Nóos, Marco Tejeiro, «no sabía cómo presentar lo gastos para el cobro de una subvención».

El Instituto Nóos firmó en diciembre de 2005 un convenio de colaboración con la Generalitat por seis millones de euros destinado a que Valencia pudiera presentar la candidatura para acoger unos Juegos Europeos, en virtud del cual el instituto presidido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres cobró 382.000 euros.

La Generalitat rechazó varias facturas presentadas por Nóos por casi 2 millones de euros, entre ellas 18 de la empresa Lobby Comunicación que sumaban 581.717 euros, por carecer de soporte documental. Según Zorío, los responsables de contabilidad de Nóos «no tenían ni idea de cómo funcionaba una subvención con la Administración pública».

El empresario añadió ante el tribunal que en esas facturas puso los conceptos que le indicaron desde el Instituto Nóos que debía reflejar, desde donde le pidieron que fueran facturas proforma.

Zorío manifestó que las facturas correspondían tanto a gastos y servicios ya realizados como a una provisión de los gastos en los que preveía incurrir por montar la oficina del proyecto en Valencia, al tiempo que añadió que «retrocedió» esas facturas. Lobby Comunicación trabajó con el Instituto Nóos para la realización de trabajos de consultoría tanto para los denominados Valencia Summit como para los Juegos Europeos y, en este sentido, apuntó que el concepto de las facturas que libró a la entidad presidida entonces por Urdangarin «era correcto».

Posteriormente renegoció su contrato con Nóos y facturó los servicios prestados por unos 241.000 euros en julio de 2006, por elaborar dossier de las distintas federaciones deportivas. Además, en 2007 cobró alrededor de otros 200.000 euros al Instituto Nóos en tres facturas.

Después de que dos consultores que trabajaron en el proyecto, Isidre Rigau y José Antonio Montero, negaran en su declaración como testigos que hubiera trabajos de comunicación con las federaciones nacionales deportivas, cuya relación entablaron ellos, Zorío ha insistido en que él preparó toda la estrategia de comunicación y en que el trabajo se hizo.

Si bien Zorío ha señalado que siguieron trabajando en el proyecto en 2007, una trabajadora que entró en la empresa en septiembre de 2006 relató que cuando ella llegó el proyecto ya había finalizado y solo vio unas copias de unos dossier. Otras dos trabajadoras añadieron que elaboraron los informes sobre las federaciones en una semana, recabando datos de internet y en ocasiones pidiendo información por teléfono y correo electrónico.