La promesa del «coste cero» de la Fórmula 1 para Valencia fue una quimera. Esta misma semana la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) debe afrontar el pago de la primera «letra» por el préstamo de 60 millones solicitado durante la etapa de Francisco Camps al frente del Consell para pagar las obras del circuito urbano de Fórmula 1, según confirman fuentes de la Generalitat. Hasta ahora se habían abonado gastos financieros por este préstamo, por valor de 7,3 millones de euros. Pero a partir de 2016 la EIGE debe empezar a amortizar el préstamo de 60 millones, a razón de una letra anual de 7,5 millones de euros, que deberá pagar hasta el año 2023, como ya contó Levante-EMV el pasado 17 de diciembre.
El pago de esta primera factura no coge en su mejor momento a la EIGE que el pasado mes de abril estuvo a punto de no poder pagar la nómina a sus empleados. «Ante la falta de recursos y la imposibilidad de obtener financiación por otras vías, EIGE ha tenido que hacer frente a esta primera cuota del préstamo con capital proveniente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Ministerio de Hacienda», aseguran fuentes de la Conselleria de Obras Públicas, de quien depende la entidad.
Desde el departamento que dirige la consellera Maria José Salvador lamentan el quebranto que estas inversiones, sin ningún retorno social, tienen sobre EIGE, heredera de la deuda por la Fórmula 1 y que «debería estar destinando unos recursos de los que carece a acondicionar el parque de vivienda social de la Generalitat en lugar de pagar la factura de la Fórmula 1». Obras Públicas también lamenta que se eligiera la fórmula del pago aplazado o método alemán «hasta en las obras de la Fórmula 1» que deben abonarse cuatro años después de que se realizara la última prueba y nueve desde que comenzara a construirse el circuito urbano que tuvo un coste de 98,1 millones para acondicionar el circuito en la zona del Grao, la Marina Real y la zona de «boxes y Paddock». A parte de los «importantes sobrecostes, ya que las obras se adjudicaron por 73,2 millones y finalmente se liquidaron por 89,7 millones, es decir un sobrecoste de 16,5 millones. Un gasto y despilfarro que seguirán pagando los valencianos los próximos 8 años».
