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Educación

Cincuenta y ocho profesores se dieron de baja o se trasladaron tras la denuncia del fraude

Cuando trascendió la investigación los centros concertados tenían 96 docentes longevos que ahora se han reducido a 38

Una madre acompaña a su hijo al colegio en el primer día de clases de este curso 2014-15. EFE/Manuel Lorenzo

La denuncia presentada en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto fraude en el cobro de nóminas por profesores longevos en centros concertados tuvo un efecto inmediato. Un total de 58 docentes con más de 65 años que seguían en activo en los centros concertados (religiosos en la gran mayoría) presentaron la baja por «jubilación», por «traslado» o «por otras causas» no especificadas, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia investiga actualmente a 30 colegios concertados por las nóminas de 31 de estos maestros y profesores que siguen dando clases, a pesar de encontrarse en la franja de edad que va desde los 69 hasta los 83 años, tal como adelantó ayer Levante-EMV en exclusiva. A estos 31 profesores habría que sumar 7 casos más de docentes con edades entre los 66 y los 68 años, una prolongación de la vida laboral que suele ser más habitual para poder alcanzar los 15 años de cotización a la Seguridad Social necesarios para cobrar la pensión de jubilación completa.

Cuando se presentó la denuncia, un total de 96 profesores de la concertada superaban los 65 años y, de ellos, 39 seguían dando clases con más de 70. Dos años después son 38 los que superan la edad ordinaria de jubilación y 31 de ellos siguen en activo pese a estar entre los 69 y los 83.

«¿Es bueno para los alumnos?»

Aunque la legislación no fija una edad máxima de jubilación fuera de la Función Pública, la secretaria de Enseñanza Privada en la Federació d´Ensenyament (FE) de CC OO PV, Pepa Ramis, se pregunta «si es bueno para los alumnos que haya gente tan mayor dando clase». Ramis califica de «magia pura que un señor o señora de 83 años esté dando 20 horas a la semana de clase a adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria». Para la portavoz sindical esto es una muestra de la «falta de control absoluto» por parte de la Conselleria de Educación de la jornada horaria del profesorado en pago delegado, los docentes de los colegios concertados a los que abona directamente la nómina la Generalitat.

Falta de control tolerada por el PP

Una dinámica, asegura Ramis, propiciada por la Administración del PP desde que hace 19 años se negociaron los horarios y plantillas de los colegios concertados. La conselleria mediante dicho pacto de 1997 asignó los profesores que debe tener cada centro en relación a su número de líneas, «pero no estableció mecanismos de control del cumplimiento de los horarios porque, según nos dijo la entonces secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, ella no tenía por qué sospechar que los centros concertados iban a hacerlo mal», cuenta la portavoz sindical.

Evidentemente, prosigue, «hay colegios concertados que lo han hecho bien, los que han querido o donde los profesores tienen una mayor fuerza sindical, porque la realidad es que no hay control». Esto es posible, recalca Ramis, «porque en conselleria había, y sigue habiendo, dos pasillos separados: el de nóminas y el que supervisa la Programación General Anual de cada colegio», donde se establecen los horarios y quién imparte la clase.

Desde FE CC OO se insta a la actual conselleria a instaurar los mecanismos que permitan evitar fraudes en el cumplimiento de los horarios, pues «esto perjudica la calidad de la enseñanza, ya que los profesores que en el acuerdo de 1997 se asignaron para dar apoyo a los alumnos con dificultades, lo que están haciendo realmente es impartir las 25 horas de clase semanales en grupos ordinarios que otros no están dando», critica.

Para Ramis «la clave es la Inspección educativa, que debe comprobar que el profesor está realizando efectivamente las clases asignadas». «Los inspectores deberían acudir a los centros, pedir el DNI del docente que está dando clase y preguntar a los alumnos si ese es su profesor habitual», concluye.

En este caso las funciones de inspección de conselleria están limitadas al control efectivo del cumplimiento de los horarios y de la impartición del currículo en los colegios concertados, pues según Ramis «no tiene capacidad de comprobar si el profesor de más de 70 u 80 años está en condiciones de dar clase, ya que la potestad de contratar a los docentes es del titular del centro».

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