La sindica popular en las Corts, Isabel Bonig, ha recuperado esta mañana el anticatalanismo como forma de hacer política en la Comunitat Valenciana. Bonig ha acusado de alta traición al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por abrir el Palau el pasado lunes a quienes quieren romper España, en referencia a la delegación de más de un centenar de representantes catalanes, encabezados por el presidente, Carles Puigdemont, que el lunes mantuvo un encuentro bilateral con el gobierno valenciano.
Bonig ha exclamado: 'Vergonya' y ha acusado a Puig y a su Consell de buscar la catalanización de la Comunitat Valenciana. Según Bonig, el decreto de plurilingüismo que impulsa el valenciano y la visita de Puigdemont así lo demuestran.
Puig ha acusado a Bonig de ser extremadamente radical e imprudente y ha recordado que en el encuentro del lunes en defensa del corredor Mediterráneo había representantes de su partido. El jefe del Consell asegura que Bonig busca el enfrentamiento entre los valencianos.
En otro momento de su intervención en la sesión de control, Puig ha asegurado que el conflicto de la lengua ha desaparecido con la Acadèmia Valenciana de la Llengua y que lo que el actual Consell busca es un mayor uso social del valenciano.
Investigación del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Consell que ha abierto investigación tras la denuncia de la fiscalía por determinadas irregularidades que se detectaron en el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat, relativa al ejercicio 2013, entre ellas algunas en la conselleria que dirigió la presidenta de los populares de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, la de Infraestructuras.
La existencia de esta investigación la ha desvelado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta mañana en las Corts. Puig ha lamentado que el Consell tenga que hacer frente continuamente a la desactivación de minas heredadas del anterior gobierno.
En concreto, las irregularidades que son objeto de las actuaciones afectan a las consellerias de Presidencia, Agricultura, Economía y Gobernación de la etapa del PP. En esta última, que dirigía el investigado Serafín Castellano, no consta o es inadecuada la conformidad de la recepción del servicio o suministro. En la de Infraestructuras la Sindicatura ya advirtió que se habían certificado 156 contratos menores, 89 de ellos por importe de 17.000 a 18.000, lo que bordea el máximo legal para los contratos menores.
Además, el Tribunal de Cuentas detecta que en algunos expedientes de contratos menores no se encuentra la factura del gasto.
Mientras, el Tribunal de Cuentas señala que es imprescindible determinar quiénes fueron las autoridades y funcionarios que intervinieron en el control contable de los hechos denunciados.
