«Tenía que pasar antes o después», reflexionaba ayer resignado un diputado en Corts del PP. El momento, no obstante, en que el Tribunal Supremo ha abierto causa contra la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es especialmente malo para los populares en sus distintos frentes: complica la vida a la líder autonómica del partido, Isabel Bonig, que verá oculto hoy su mensaje en el Debate de Política General; pone en un brete a Mariano Rajoy y a la dirección nacional en plena campaña de las elecciones vascas y gallegas, y condiciona las conversaciones para una hipotética formación de Gobierno.
El caso del pitufeo, el presunto blanqueo de capitales mediante las donaciones al partido de asesores y ediles devueltas luego con dos billetes de 500 euros en metálico, ha estallado en un momento pésimo para el PP.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tardó minutos en conectar la situación de Barberá con su acuerdo para la investidura de Rajoy: si quiere contar con su «apoyo, dijo, «va a tener que hacer dimitir» de su escaño en el Senado a la exalcaldesa.
Rivera, según recogía ayer Efe, da por hecho que «en los próximos días Rita Barberá va a pedir suplicatorio al Senado y va a acabar siendo imputada», lo que la situará al otro lado de la línea roja descrita en su acuerdo.
Es también la raya que Génova ha marcado desde hace tiempo: que si la exalcaldesa era imputada sería suspendida de militancia, igual que el resto del grupo municipal que ella encabezaba.
Así que el PP reaccionó ayer con cautela, agarrándose al clavo de que la histórica dirigente aún no está formalmente imputada, pero sin defensas encendidas. El tono dominante, más bien, fue el de una fría distancia e incluso alguna declaración a favor de que se aparte ya.
El portavoz adjunto del PP en el Parlament catalán, Santi Rodríguez, pidió a la senadora que tome una decisión sobre su escaño y, si no lo hace, instó al partido a tomar medidas disciplinarias.
Mientras tanto, los diferentes grupos de la oposición se lanzaron ayer a solicitar actuaciones sobre la exalcaldesa sin dilación.
El grupo popular en el Senado está a la espera de que Barberá tome la palabra una vez estudiado el auto. A partir de ahí, señalaron fuentes del PP, la dirección del partido podrá tomar decisiones. Pero, hoy por hoy, remarcaron, la exalcaldesa mantiene su escaño y su puesto de vocal en dos comisiones de la Cámara Alta (la Constitucional y la de Economía), aunque ayer optó por ausentarse en las primeras reuniones de estas y fue sustituida para l ocasión por otros dos populares.
La decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra Barberá supone el inicio de un vía crucis judicial que puede extenderse durante seis meses, como mínimo.
Con todo, Barberá aún no está formalmente imputada ya que el Supremo sólo se ha declarado competente para investigar el presunto blanqueo de capitales del que ya estaban siendo investigados el resto de ediles, exconcejales y asesores del grupo municipal.
Un viacrucis judicial
La decisión de iniciar la investigación ha sido adoptada por la Sala de lo Penal del Supremo en un auto del que ha sido ponente Manuel Marchena. En la decisión también formó parte el magistrado valenciano Francisco Monterde Ferrer, que lleva desde 2003 en el Supremo, donde llegó tras ser presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia.
La sala asume el informe favorable del fiscal y la exposición que envió el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa. Entiende que los hechos descritos por el juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
«Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla», zanja.
En el mismo auto también se nombra instructor del caso al magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Conde-Pumpido tiene ahora 6 meses para analizar la causa y decidir si la archiva o sigue adelante con la imputación de Barberá. Para poder actuar contra ella, el Supremo deberá solicitar el suplicatorio al Senado, para lo que existe un plazo de treinta días desde la recepción de la petición por parte del juez instructor en el alto tribunal.
El Supremo también ha decidido en el mismo auto que la causa respecto a los 47 concejales, asesores y exdiles, además del PP como persona jurídica, siga instruyéndose en el Juzgado de Instrucción 18 de de Valencia. «Sin perjuicio de que remita a esta Sala cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y tengan relación con los hechos atribuidos a la persona aforada», apostilla.
