A menos de año y medio para el vencimiento de la concesión del hospital de Alzira, en marzo de 2018, el Consell quiere que el camino de la reversión no sea un campo de minas. El PP ha convertido la inquietud de los dos mil trabajadores en arma arrojadiza y desliza que el hospital perderá prestaciones, como oncología, cardiología o traumatología, para asumir sólo las propias de un hospital comarcal.
Montón lo niega. Pero en la Ribera empieza a calar el recuerdo del desplazamiento a Valencia para acudir a las consultas especializadas, como ocurría antes de abrir el hospital, en 1999.
En Sanidad acusan al PP de propagar el discurso del miedo y rechazan que el hospital vaya a perder coberturas con la reversión al sistema público. Montón incluso vaticina que se ampliarán con el dinero del beneficio empresarial que ahora se lleva la concesionaria, Ribera Salud. Su departamento tiene un plan sobre el quiere avanzar en el próximo semestre. El Consell sabe que el gran problema son los trabajadores porque no es posible, ni legal, que la Administración los absorba ya que no han pasado ningún proceso selectivo, lo que impediría además la estabilidad presupuestaria de la Generalitat
Pero la situación de los trabajadores no cambiará de la noche a la mañana. A partir de abril de 2018 se abrirá un período de transición en el que la plantilla mantendrá su empleo en las mismas condiciones laborales que tienen en la actualidad porque el Consell no puede dejar de prestar el servicio. En el año y medio que queda y en ese tiempo de transición se prevén jubilaciones y Sanidad ya ha puesto freno a la conversión de plazas estatutarias en personal contratado por la empresa, una práctica habitual durante años, lo que disminuía la plantilla propia de la Administración en la Ribera y aumentaba la de la empresa. Con todo, en un tiempo aún indeterminado el grueso de la plantilla deberá someterse a un concurso público para consolidar la plaza.
Pero el PP ha amplificado en las últimas semanas el discurso de que el Consell va a dejar en la calle a los cerca de dos mil trabajadores del hospital. Incluso la síndica popular, Isabel Bonig, equiparó ayer a los trabajadores de Alzira con los de la antigua RTVV que, de la noche a la mañana, se quedaron sin empleo.
Ilegalidad según Economía
La propia Bonig hizo mención ayer en las Corts a un informe de la Conselleria de Economía que sostiene que «no es legal» que los trabajadores del modelo Alzira pasen a la sanidad pública. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recordó que fue su antecesor, Alberto Fabra, quien en mayo de 2014 lanzó el compromiso de no prorrogar ninguna de las concesiones sanitarias vigentes.
En el debate de ayer en las Corts, Montón aseguró que los empleados seguirán en sus puestos de trabajo a partir de 2018 y que el proceso se hará con diálogo y seguridad jurídica. Dio por segura la reversión porque la ciudadanía mayoritariamente votó por un sistema sanitario totalmente público, en vez de uno donde no se realizan controles y donde la Sindicatura de Comptes no pude auditar, dijo.
