«No he venido a controlar lo que ha pasado con el dinero, sino a ayudar». Corina Cretu, comisaria de Política Regional de la Unión Europea (UE), visitó ayer Valencia, el mismo día en que Levante-EMV publicó que la oficina antifraude comunitaria, la Olaf, está investigando todas las ayudas rurales desde 2008 a 2013. Tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Cretu se mostró «muy impresionada» por las medidas contra la corrupción que está implantando el Consell del Botànic, aunque explicó que desde su comisaría y otros mecanismos de la UE «se investigarán con lupa» todos los fondos que se envíen tanto a nivel estatal como autonómico.
Lejos de huir de compromisos con una tierra marcada en la UE por titulares sobre casos de corrupción, la comisaria aprovechó para anunciar que a partir de 2017 se recibirán un total de 570 millones de euros. Y lo hizo en estos momentos en que la C. Valenciana se encuentra precisamente debajo de esa lupa europea, con los auditores y técnicos metidos en los despachos de, entre otras instituciones, la Diputación de Valencia (por los presuntos fraudes de Imelsa en ayudas por el empleo o medio ambiente) o la Conselleria de Agricultura (por sospechas sobre subvenciones rurales).
Estos nuevos fondos se destinarán al fomento de pequeñas y medianas empresas (pymes) y para su gestión la Generalitat constituirá un organismo intermedio de certificación que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha comprometido a tener listo antes del año próximo.
Ente antifraude
Cretu detalló a preguntas de los periodistas que ha habido «cierto retraso» en la creación de este ente, una figura que el nuevo programa de ayudas europeas obliga a crear y consolidar. «No solo nos lo piden a los valencianos», puntualizó Puig. La adjudicación y posterior gestión del dinero que llega de Europa es algo que comienza a preocupar en los despachos de la Comisión, de ahí los nuevos mecanismos de control. Con todo, Cretu destacó que es «crucial» que se acelere el proceso de creación de este ente certificador para que se pueda acceder «con normalidad» a las ayudas.
La comisaria rumana elogió en reiteradas ocasiones las «nuevas medidas» que el Consell liderado por Puig ha implantado para luchar contra la corrupción, como la oficina Antifraude impulsada por Podemos. Cuestionada por los recientes casos que se están investigando, la comisaria destacó que ha habido «muchos programas de éxito» y que, si bien se han producido algunos «problemas», «hay que centrarse en lo positivo». Añadió sin embargo que, desde su departamento, y en general desde las instituciones, «hay que tener tolerancia cero» contra la corrupción y el fraude.
Le sorprendió a Cretu el comentario de Puig acerca de la bandera de la UE, «que durante años no estaba presente» en el Palau de la Generalitat. «En los peores años de la crisis, la UE ayudó a España y la C. Valenciana a crear puestos de empleo con sus fondos», reivindicó.
Unos fondos que, sin embargo, no siempre llegaban a su fin. Como ha publicado este diario, la Olaf ha enviado un informe con actuaciones supuestamente ilícitas en la Conselleria de Agricultura, que llevan estudiando desde septiembre. Ese dictamen también se encuentra en un juzgado de Valencia que investiga a ex altos cargos y exalcaldes del PP desde hace varios meses, por presunta prevaricación.
Además, se han detectado presuntas irregularidades en al menos dos proyectos financiados en la Hoya de Buñol-Chiva con fondos Ruralter-Leader, que se podrían haber extendido a lo largo y ancho de las tres provincias valencianas. Se trata de una línea de financiación de 61 millones de euros. Lo mismo que ocurrió en Buñol podría haber ocurrido en los Grupos de Acción Local e instituciones de otras comarcas.
