Dos exaltos cargos de la Conselleria de Agricultura, María José Bayarri y Ana María Pont, están inmersas también en la causa judicial para esclarecer el presunto fraude de los fondos europeos Feader invertidos en tres proyectos de la Hoya de Buñol, entre 2008 y 2013. Ambas figuran como investigadas —antes imputadas— por un presunto delito de malversación por un juzgado de Valencia a partir de la denuncia interpuesta por una exfuncionaria de la Generalitat y a la que se han unido los actuales rectores del GAL-Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel. Tanto Bayarri como Pont fueron subdirectoras generales de Desarrollo Rural y gestionaron las ayudas europeas del programa Ruralter-Feader (2008-2013), que ascendieron a 61 millones de euros. Las dos estuvieron a las órdenes de la consellera Maritina Hernández. Se da la circunstancia que Bayarri dimitió en enero de 2012 por discrepancias con la exconsellera y su equipo técnico en la gestión de estos fondos; y tras denunciar presuntas presiones políticas sufridas en la adjudicación de las subvenciones. Junto a ambas exaltos cargos del PP, figuran en la causa citada como investigadas las exdirectoras generales Marta Valsangiacomo y Amparo Montoro, además de los exalcaldes del PP, Rafael Lisarde (Yátova) y Rafael Zahonero (Siete Aguas); y del portavoz de Buñol, Marcial Díaz, y actual ADL de la Mancomunidad de Buñol-Chiva. Cabe recordar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado presuntas irregularidades en las ayudas tramitadas y su informe está en manos del juez.
