Las plataformas tipo Airbnb que comercializan viviendas turísticas a través de internet se han convertido también en un objeto de estricta vigilancia por parte de la administración autonómica. Está previsto que antes de fin de año, la AVT resuelva los tres expedientes abiertos a este tipo de plataformas de la llamada economía colaborativa. «No vamos a ser contemplativos. Las plataformas saben que deben ajustarse a la ley y retirar de sus web las viviendas que no tengan el número de registro. Algunas empresas han pedido más tiempo para adoptar los cambios, pero el tiempo de la pedagogía ha terminado. Vamos a acabar con la impunidad», explica Francesc Colomer. Las plataformas incumplidoras se enfrentan a multas de cien mil euros, según la ley de Turismo.
Nuevos expedientes
En estos momentos, según expuso Colomer el pasado martes en la Comisión de Intrusismo, hay dos plataformas sancionadas con 30.000 y con 3.000 euros y está en trámite la tercera. Los servicios territoriales siguen tramitando la apertura de nuevos expedientes a aquellas plataformas que no introducen en sus páginas los números de registro de las viviendas que comercializan.
Obviamente, esta problemática no solo afecta a Valencia y muchos gobiernos están tomando medidas. En Barcelona, el ayuntamiento de Ada Colau acaba de anunciar una multa de 600.000 euros a las plataformas Airbnb y HomeAway por reincidir en la infracción de anunciar pisos turísticos ilegales en sus páginas web.
También se están tomando otras medidas para disuadir a las empresas de continuar apostando por este modelo turístico, que ha provocado un problema de convivencia en algunas zonas de Barcelona. El Govern catalán ha subido un 250% para el próximo año la tasa de los pisos turísticos.
