Los jueces de Valencia reclaman desde 2015, por ahora sin éxito, la presencia de trabajadores sociales en los juzgados de guardia o de incapacidades que informen a los ciudadanos de servicios sociales y extrajudiciales en la misma Ciutat de la Justicia.
La propuesta, adelantada por el propio decano de los jueces de Valencia en un artículo publicado por Levante-EMV el pasado 30 de diciembre, se ha transmitido en dos ocasiones a la Conselleria de Justicia, a través de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aunque por ahora ha caído en el saco roto del «se estudiará».
Son los mismos jueces de instrucción y los de los juzgados de incapacidades de Valencia quienes han reclamado esta medida al decano de los jueces de Valencia en sendas juntas y reuniones celebradas en octubre y noviembre e 2015. La propuesta también ha sido asumida por los jueces decanos de toda España. Durante su última reunión en Andalucía «incluyeron esta petición entre las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia», según informan a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La medida pretende atajar desde el mismo juzgado «los numerosos conflictos sociales que afloran en los juzgados a diario: situaciones que afectan a familias desestructuradas, personas desarraigadas o que viven en la más absoluta pobreza o con recursos muy limitados que se evidencia en los órganos judiciales con motivo de un conflicto jurídico: con la comisión de un delito, en un proceso de incapacitación de personas mayores sin recursos, en casos de violencia de género o la prostitución, en enfrentamientos familiares o vecinales, en procesos de familia o desahucios derivados de procesos hipotecarios o arrendaticios», según relataba el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, a la sala de Gobierno del TSJCV.
«Falta de respuesta»
Ante «la falta de respuesta de las administraciones», con la consabida excusa de que «se está estudiando», la propuesta de los jueces volvió a tratarse en julio de 2016 en la Junta de Jueces de Instrucción. Los magistrados reiteraron que es «imprescindible contar con una oficina o servicio de dichas características que permita ofrecer un tratamiento integral a los usuarios de la justicia, no sólo jurídico sino social».
De hecho, en la atención sanitaria se ofrece una «Cartera de servicios de trabajo social sanitario» que, a juicio del decano de los jueces, «sería perfectamente trasladable al ámbito de los juzgados porque si la asistencia social es necesaria en el ámbito sanitario, también estaría totalmente justificada en una sede como la Ciutat de la Justicia con más de 12.000 visitantes diarios y donde se analizan y resuelven diariamente conflictos que afectan a miles de personas: personas con problemas de salud mental, ancianos en situación de abandono, menores en situación de desamparo, familias afectadas por desahucios, o con problemas de salud, higiénicos, de drogodependencia o asistenciales en general, que afectan a personas con escasos recursos».
La Junta de Jueces de Instrucción considera que con la presencia de trabajadores sociales «se daría un servicio mucho más integral en los Juzgados, más allá del problema jurídico concreto que se plantee; se complementaría el trabajo judicial con el diagnóstico social y con información y se buscarían posibles soluciones en el ámbito asistencial. Y sin duda, ello contribuiría a una Justicia más amable, más cercana, más atenta y más preocupada por los problemas sociales que subyacen o acaban derivando en procedimientos judiciales, pero que están fuera de los mismos y cuya solución corresponde a otros organismos e instituciones públicas de carácter asistencial».
