El juzgado de instrucción número 12 de València tiene en su poder desde mediados de diciembre los datos de la médico anestesista que fue la víctima «real» de las presiones para que no ocupara la plaza para la que había sido llamada por bolsa en el Hospital Clínico de la ciudad ya que el puesto se había movido «para alguien de dentro».
Según ha podido saber este diario, los datos de la aspirante a la plaza (con número de móvil incluido para poder localizarla) llegaron al juzgado apenas 15 días después de que la titular decidiera archivar la investigación. La jueza decidió sobreseer el 30 de noviembre, tras constatar que no tenía «ni el más mínimo indicio» sobre quién era la víctima debido, principalmente, a que la Fiscalía -que fue quien denunció el caso en el juzgado- confundió a aquélla con la periodista de Levante-EMV Miriam Bouiali, que fue la autora de la información sobre la grabación de las presiones que a principios de junio se hizo pública.
La investigación, sin embargo, sigue en punto muerto, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que aseguraron que no existía «ninguna novedad» en las diligencias tras el archivo de la causa el 30 de noviembre. En ese auto, la jueza pedía a la Policía Judicial que averiguase quién era la médico que, finalmente, no accedió a la plaza y está penalizada por ello en la bolsa.
La primera investigación realizada por la fiscalía les llevó a preguntar al Colegio de Médicos de València, a la Conselleria de Sanidad e incluso a responsables de la junta de personal del Hospital Clínico, aunque todavía en busca de la persona equivocada. Ni la institución colegial ni la conselleria tenían en sus registros, obviamente, como trabajadora a la periodista de Levante-EMV. Tras estos primeros palos de ciego, la Policía Judicial estableció ya en diciembre -y tras el archivo- que Miriam Bouiali era, efectivamente, trabajadora del periódico y logró el nombre de la anestesista. Una llamada al Colegio de Médicos de Guipúzcoa confirmó que estaba allí colegiada y trabajando en ese momento. El informe policial fue remitido con todos los datos personales de la anestesista al juzgado número 12.
Sin respuesta de Fiscalía
Desde el ministerio público no aclararon ayer cuál va a ser su postura después de que se haya conocido que la investigación ha sido infructuosa desde septiembre del año pasado, simplemente, por un error en el nombre de la víctima. Puestos en contacto con la fiscal portavoz, Susana Gisbert, aseguró que estaban «valorando cómo actuar» tras hacerse público el error.
Desde la Conselleria de Sanidad explicaron que van a esperar a que la finalización del procedimiento judicial les sea comunicada «forma oficial» para reactivar el expediente sancionador abierto contra los jefes y facultativos implicados en las presuntas coacciones y que se paralizó una vez el tema pasó a los juzgados. El secretario general del Sindicato Médico, Andrés Casanova, tras mostrar su «sorpresa» por lo sucedido sí alertó de que desde su organización iban a seguir reclamando que al menos el expediente de la administración siga vivo.
