Ribera Salud, el grupo que dirige Alberto de Rosa y que participa en cuatro de los cinco departamentos de salud bajo gestión privada en la Comunitat Valenciana no va a dejar perder a la primera su buque insignia: el departamento de salud de Alzira. A primera hora de la tarde de ayer, y solo unas horas después de que se le enviara la notificación oficial de que la cuenta atrás para hacer efectiva la reversión de Alzira a la gestión pública acababa de empezar, la empresa emitía un comunicado anunciando que llevará a los tribunales la decisión de la Conselleria de Sanidad de no ir a la prórroga de cinco años que incluye el contrato suscrito en 2003.
El principal argumento de la firma son los buenos resultados del modelo de colaboración público-privada y que, en base a ellos, la «decisión política» de la administración de Carmen Montón iba en contra del «interés público de los ciudadanos» ya que este modelo concesional «les da un mejor servicio». «Defenderemos los derechos de los ciudadanos con las medidas legales necesarias», abundaron en el comunicado emitido por la empresa.
«Según los datos oficiales ofrecidos por la propia Conselleria de Sanidad en la última memoria publicada, los hospitales y centros de salud gestionados por nuestro grupo registran unos óptimos indicadores de salud, tiempos de espera más reducidos y el índice de satisfacción de los pacientes está por encima de la media del resto de departamento», aseguran desde la empresa invocando además el borrador del informe de la Sindicatura de Cuentas que apunta a un ahorro del 21 % en la gestión de Manises, también bajo concesión.
Este argumento fue, de hecho, uno de los utilizados por la empresa en el expediente para decidir si se iba o no a la prórroga y que se cerró el mismo día de la notificación de las normas de reversión. Ribera Salud defendió que era «habitual» que la administración acordara las prórrogas de los contratos si había «buena ejecución por parte del contratista». Sin embargo, el argumento fue rebatido por la instructora: «no puede concebirse como un derecho del contratista, como un premio a la buena gestión de la concesión».
Ribera Salud defendió también ante la Conselleria de Sanidad las bondades del modelo de colaboración público-privada aportando cifras y artículos y la visión de profesionales del área como Carlos Alberto Arenas Díaz, actual gerente del Complejo Hospitalario de Toledo tras pasar por el departamento de Orihuela o la dirección de los hospitales de Elx y Elda. Arenas Díaz defendió que Ribera Salud había quedado entre 2008 y 2012 entre la primera y la octava posición del ranking de cumplimiento global de los acuerdos de gestión.
La administración rechazó entrar en el debate sobre la efectividad de este modelo pero sí llega a la conclusión -y así lo refleja en el expediente- de que parte de las cifras por las que Ribera Salud sacaba pecho no eran tales después de cruzar datos: Se comprobó que en dos de los años citados la primera posición correspondió a hospitales también de ámbito comarcal, «pero de gestión directa» así como que en esos mismos años, «exceptuando aquel en que la Ribera se situó en la primera posición, su desempeño fue superado por otros departamentos de salud».
Decisión ideológica
Otro de los argumentos de Ribera Salud es que la decisión del Consell es «ideológica» y viene «prejuzgada». De hecho pone en duda el expediente administrativo abierto para rechazar ir a la prórroga «en enero de 2017» y que, a entender de la concesionaria, supone un «intento» de dar «apariencia jurídica a una decisión previamente tomada». En este sentido Sanidad asegura que lo dicho en los medios de comunicación por los miembros del consell entra dentro de la «dialéctica parlamentaria» y se retrotrae a los años de gestión del Partido Popular para hacer ver que ya entonces se hablaba de recuperar el control público de las concesiones con Llombart en la conselleria y con Alberto Fabra al frente del Consell.
