La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para esclarecer si la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha contratado de forma irregular tres adjudicaciones directas a la firma pública Tragsa también fue uno de los temas analizados en el encuentro. Así, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián -una de las personas denunciadas-, compartió versión con la vicepresidenta Mónica Oltra y explicó que «todo lo que se ha hecho ha sido legal. No hay ninguna actuación irregular por parte de la Generalitat en este tema».
Y no fue la única portavoz que abordó la cuestión. Así, el presidente del Consell, Ximo Puig, quiso ser contundente y apuntó que «no se ha hecho nada diferente que lo realizado en muchas otras ocasiones. Tragsa es una empresa del Estado y no hay irregularidad alguna en este caso. Creo que hablamos de cuestiones que se deslizan de forma intencionada, pero yo confío de forma clara en la actuación de la consellera. Todo se ha hecho con absoluta normalidad. Yo también contraté con Tragsa cuando fui alcalde».
Consultado sobre si el tema irá hacia adelante, expuso que «nosotros respetamos la acción judicial, como no podía ser de otra forma. Pero en este caso la desligamos de la acción política. No me planteo ningún escenario alternativo. Sé que todo se ha hecho conforme a la ley».
La problemática procede de una denuncia presentada por el sindicato USO contra la consellera Cebrián, el secretario autonómico de Francisco Rodríguez, el director general Rogelio Llanes y otros altos cargos y funcionarios. Desde el sindicato apuntan a una posible prevaricación al violar «una directiva europea de contratos» que impide contratar a Tragsa como medio propio.
