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Veinte personas defraudan dos millones cobrando durante años la pensión de sus familiares fallecidos

Una de las detenidas esgrime que sí le correspondía el dinero porque aún no había asumido la muerte de su madre

Casi dos millones de euros han sido defraudados por 19 personas a la Seguridad Social. Mediante la simulación o falseamiento de la vivencia de las personas muertas, con el fin de seguir cobrando su pensión mensual.

Así comenzó la Operación Libitina, dirigida contra el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El operativo se ha saldado con 19 personas implicadas, de las 62 investigadas, que habían defraudado casi dos millones de euros (1.932.211,27 euros) en 11 provincias, entre ellas Valencia y Alicante. Y es que ciertos expendientes de los causantes de la actividad delictiva también han fallecido.

En uno de los casos investigados, resaltado por la Policía Nacional, la hija de una de las fallecidas había seguido cobrando la pensión de su madre 31 años después de su muerte, desde marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43 euros defraudados. Al ser preguntada por el motivo que le llevó a tomar tal decisión, la mujer confesó que aún no había asumido el fallecimiento de su madre y, por lo tanto, consideraba que «todavía le correspondía el cobro legal de dicha pensión», subraya la Policía.

La mujer utilizó distintos ardides para engañar a la Administración con certificados de fé de vida de su madre que entregaba en el banco o en la Seguridad Social, o con fotocopias del DNI de la fallecida junto con el suyo para acreditarse como persona facultada por su madre.

Todas las mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación se reclamaron a las entidades financieras donde tenían abiertas las cuentas del titular fallecido. Éstas, a lo largo de las actuaciones, mostraron «su estrecha colaboración», valoró la Policía, y dio como resultado la recuperación de un millón de euros.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social por parte del INSS, con la que colaboraba la sección de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF central de la Policía Judicial-Policía Nacional, en colaboración con distintas jefaturas superiores de Policía.

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