Un enfermo de esclerosis múltiple con domicilio en determinada comunidad autónoma del Noreste de España no puede acceder a un fármaco que aliviaría su dolencia. Pero si se traslada a casa de su primo, que vive en Pamplona, no tendrá ningún problema en recibir el tratamiento adecuado de forma inmediata. Óscar Fernández, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), alertó ayer en València sobre los riesgos que entraña esta novedosa forma de turismo farmacológico. "No se puede cuantificar, pero el problema existe", comentó. Y puede adquirir notables proporciones puesto que las enfermedades neurológicas afectan a un 16% de la población española.
Los tratamientos para pacientes neurológicos, desde los que sufren cefaleas hasta lesiones medulares pasando por los enfermos de Alzheimer, suelen ser caros y largos. En muchos casos, los pacientes son crónicos. Como resultado, los gestores sanitarios de distintos escalones de la administración ponen trabas, en su mayoría burocráticas, para evitar que los doctores prescriban productos costosos.
Pablo Irimia, vocal de la SEN, subrayó que las dificultades en la prescripción no provocan que los pacientes dejen de acceder a los tratamientos, pero sí se producen retrasos o el recurso a productos similares que "no se corresponden con la primera opción del médico como mejor alternativa terapéutica".
De hecho, una encuesta elaborada en octubre entre una muestra significativa de asociados a la SEN en toda España refleja que el 53% de los neurólogos tienen dificultades para prescribir algún fármaco a sus pacientes.
El problema es especialmente grave en Canarias, dónde el 90% de los profesionales tienen problemas para recetar el tratamiento que consideran adecuado a sus pacientes. En La Rioja, la proporción es exactamente inversa. Sólo el 10% de los neurólogos han tenido problemas para prescribir determinados tratamientos.
La Comunidad Valenciana ocupa una muy honrosa cuarta plaza entre las autonomías dónde los pacientes reciben el fármaco que sus médicos consideran adecuado. Apenas el 22% de los neurólogos dicen haber tropezado con trabas a sus prescripciones. José Miguel Laínez, vicepresidente de la SEN y presidente de la federación valenciana de la asociación, destacó "el esfuerzo" de la sanidad pública valenciana "a pesar de que la financiación no es la óptima".
El problema se extiende incluso al ámbito provincial y local. Y el origen es siempre el mismo. "Tanto las comunidades autónomas como los hospitales tienen presupuestos cerrados", deslizó Laínez. Y deben ajustar los gastos.
Fernández recordó que todos los fármacos que dispensa el sistema público están homologados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una vez autorizados, cada Estado de la Unión Europea pacta los precios o presentaciones con la industria farmacéutica. Esas negociaciones suelen prolongarse, al menos, durante un año. Cuando los neurólogos creen que ya pueden empezar a prescribir fármacos cuya eficacia conocen desde hace tiempo se encuentran con que las autonomías ponen trabas. En algunos casos, los sistemas informáticos no reconocen los tratamientos. En otros, la intervención debe autorizar el uso de ciertos medicamentos.
Lo lógico, coincidieron en señalar los responsables de la SEN, sería que los pacientes que sufren enfermedades neurológicas pudieran transitar por la docena de centros de referencia que hay en todo el Estado. Lo que no funciona, subrayaron, es el mecanismo de compensación financiera entre los sistemas de salud de las comunidades autónomas.
