ONG, expertos y juristas advierten de que impedir a los menores jugar al fútbol en igualdad de condiciones con sus compañeros es inconstitucional ya que vulnera el derecho a la educación. Otra cosa es si el fútbol se entiende como un negocio puro y duro para acumular billetes.
Sin embargo, si el fútbol se entiende como un deporte que genera valores, un espacio de ocio para los menores que forma parte de su educación, la cosa cambia. O, al menos, eso dicen los expertos.
El abogado de SOS Racismo, Francisco Solans, asegura que dejar sin jugar a los niños extranjeros por un problema burocrático es una medida «que atenta contra la Constitución Española» sobre todo tras la sentencia del Tribunal Constitucional «que reconoce que el derecho a la educación es un derecho de primer orden que no se puede restringir a nadie».
De hecho, SOS Racismo ya ha llevado ante el Defensor del Pueblo esta queja sin que haya habido repercusión alguna. «La legislación se cambió ante un problema delos grandes clubes pero vulnera uno de los derechos fundamentales de la Infancia y es un escándalo que el Gobierno no intervenga para defender las necesidades educativa de los menores», explica el abogado.
Respecto a si los gobiernos autonómicos pueden o no adoptar alguna medida para que los menores extranjeros puedan jugar en igualdad de condiciones que sus compañeros, el abogado es claro: «Este problema lo ha generado la FIFA y lo tiene que resolver ella porque, en el caso de que una autonomía decidiera intervenir y modificar el reglamento, si el chaval es seleccionado para una competición estatal o internacional, se repetiría el mismo problema. Es decir, podría jugar en la Comunitat Valenciana pero no podría competir contra el País Vasco o contra un equipo andaluz».
La investigadora de la Universitat de València y experta en inmigración, Ana López, lamenta que se haya echado por tierra una de las medidas de consenso en Europa que defiende «el deporte y el fútbol como una de las medidas fundamentales para la integración».
«Que los niños extranjeros tengan problemas burocráticos para practicar deporte es una gota más en un vaso que se va llenando de rencor», apunta López, «y eso se puede volver en nuestra contra y es peligroso. Está claro que la competencia es estatal, lo que no significa que el gobierno autonómico deba pronunciarse al respecto».
