El Congreso de los Diputados ha instado esta misma semana al Gobierno del Partido Popular, al aprobar una proposición no de ley del PSOE -con el apoyo de Unidos Podemos y Compromís, entre otros-, a que flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 para que los ayuntamientos saneados puedan invertir sus superávits en mejoras, servicios sociales o aumento de personal, en vez de amortizar deuda. En 2015, los ayuntamientos valencianos disponían de casi 532 millones de euros de «beneficios», mientras que en el último avance de la liquidación de presupuestos municipales de 2016, que publicó el 30 de noviembre el Ministerio de Hacienda, la cifra del superávit se situaba en 370 millones, aunque algunos consistorios consultados advierten de que no se contemplan todos los ajustes, por lo que el montante es superior. Según estos datos, por ejemplo, en Oropesa se dispondría de un superávit de 543 euros por vecino para poder invertirlo en infraestructuras u otros menesteres que redunden en beneficio del pueblo (ver tabla con resto de poblaciones). El ministro Cristóbal Montoro no está por la labor de relajar esa regla de gasto, pero los alcaldes valencianos de las diferentes comarcas que tienen sus cuentas saneadas exigen disponer del dinero para mejorar sus servicios, prestaciones e infraestructuras. Montoro tendrá que hacer frente a otra iniciativa similar de Unidos Podemos la próxima semana, por lo que Levante-EMV ha consultado con varios mandatarios municipales, que coinciden en que son los ayuntamientos los que salvan el déficit de otras administraciones.
L´Horta
Torrent no puede ampliar las instalaciones deportivas
El veterano alcalde de Torrent, Jesús Ros, considera «una barbaridad» que «todo el resultado del esfuerzo en buena gestión, en ahorro y en buena recaudación» que realiza un consistorio solo pueda emplearse en pagar deuda a los bancos y «no en inversiones que ayudan a mejorar la vida de las personas». El mandatario explica que en el caso de Torrent, en este mes de diciembre amortizarán deuda por tres millones de euros «cuando podríamos haber empleado ese dinero en alguna nueva instalación deportiva de barrio o en urbanizar una parcela del Parc Central donde se van a ubicar diversos servicios».
El mandatario espera que, tras la aprobación de la propuesta en el Congreso de los Diputados, «el Gobierno haga caso y la aplique» porque «no se puede castigar a pueblos que cumplen la regla de gasto, los tiempos de pago a proveedores y el resto de requisitos legales».
En Paterna, su alcalde Juan Antonio Sagredo califica de «auténtica aberración democrática que Montoro siga castigando a la administración más cumplidora, la local». El dirigente socialista recuerda su municipio tiene «más 30 millones en Tesorería, hemos bajado la deuda a un 45%, un pago medio a proveedores de 4 días y con un superávit de 11,5 millones de euros, tenemos que hacer auténticos malabares para que no se sobrepase la regla de gasto».
Camp de morvedre
Sagunt rehabilita casas y limpia el río con reparos de intervención
El Ayuntamiento de Sagunt ha sabido esquivar durante los últimos ejercicios las obligaciones impuestas por el Estado para el destino del superávit. Las arcas municipales de la capital de El Camp de Morvedre arrojan balances positivos desde 2012, año al que se remonta el consenso político que ha elegido destinar la gran mayoría de este ahorro a planes de empleo con diferentes líneas de actuación.
Esta estrategia, que arrancó con el gobierno en minoría del PP y a la que ha dado continuidad el cuatripartito compuesto por Compromís, EU, PSPV y la marca de podemos en Sagunt, ADN Morvedre, ha permitido ejecutar trabajos de mantenimiento urbano y rural, como la rehabilitación de más de medio centenar de viviendas sociales o la limpieza del cauce del río Palància a su paso por el núcleo histórico. En cualquier caso, los sucesivos expedientes para dedicar el superávit a los planes de empleo se han encontrado con informes contrarios del interventor. El último fue hace apenas medio año, cuando el funcionario advirtió que el acuerdo para reutilizar el superávit de casi 3 millones de euros correspondientes a 2016 suponía «una infracción muy grave en gestión tributaria» con posibles consecuencias «administrativas o incluso penales, civiles y patrimoniales». Desde el gobierno municipal se justificó que esos reparos «tienen como principal culpable a Montoro por su ataque a la autonomía de los ayuntamientos».
Camp de túria
L´Eliana tilda de «locura» tener en el banco 2,8 millones sin gastarlos
Otro exponente de municipio valenciano con un gran remanente en tesorería es l´Eliana, en el Camp de Túria. Con un superávit cercano a los 2,8 millones, su alcalde, Salva Torrent, define esta ley como «una auténtica locura». «Nos marcan un techo de gasto que provoca que tengamos dinero parado en el banco y no lo podamos gastar», critica. «La administración local queda muy tocada. Lo que se pretende es que los ayuntamientos tapen el déficit del resto de administraciones. Está bien que se controle a quien lo haya hecho mal, pero nosotros hemos trabajado bien, con una deuda a cero, y también nos tienen atados», denuncia.
El Ayuntamiento de Chiva cerrará 2017 con un superávit de 2,8 millones, de los que destinará 1,4 al pago de sentencias judiciales por expropiaciones de anteriores legislaturas. Del resto, 1 millón irá a parar a la proyección de infraestructuras hidráulicas para dar los primeros pasos para solentar el problema del agua potable en las urbanizaciones.
La Costera
Ontinyent no puede reinvertir sus «beneficios» desde 2011
? En el Ayuntamiento de Xàtiva, el corsé que impone Montoro retrasa la ejecución de inversiones necesarias y largamente demandadas como el desvío de la acequia Murta para evitar vertidos -paralizado desde hace una década- o el desdoblamiento del pabellón deportivo. Pese a que el consistorio goza de un cómodo colchón en forma de remanente positivo, el edil de Hacienda, Ignacio Reig, señala que es «un problemón» incorporarlo para desarrollar proyectos y en buena medida no puede utilizarse: las actuaciones financiadas con superávit han de tener la conformidad de la intervención, estar relacionadas con servicios básicos y acreditar debidamente su sostenibilidad, de modo que se tienen que hacer malabarismos para sortear la Ley de Sostenibilidad. El 15% de los fondos del presupuesto anual van destinados a amortizar deuda.
En Ontinyent se cierra el presupuesto desde 2011 con superávit y nunca lo ha podido reinvertir. El alcalde y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSPV), ve «injusto» que «no se premie la buena gestión de los ayuntamientos» y recordó recientemente que «es una lucha que estamos librando desde hace años». Para sortear las dificultades inversoras, de hecho, la Generalitat y la propia diputación han puesto este año en marcha un Fondo de Cooperación que inyecta 40 millones a los municipios para que lo inviertan en gasto corriente.
La Safor
Reclaman al menos poder invertir parte del dinero ahorrado
El alcalde de Oliva, David González, de Compromís, también rechaza el corsé que el Ministerio de Hacienda pone a los ayuntamientos para invertir su superávit o destinar el dinero necesario a los servicios básicos. González señaló a este periódico que el ayuntamiento, a propuesta del Gobierno local que preside, aprobó una moción en la que critica que el departamento de Cristóbal Montoro no tenga en cuenta los distintos niveles de endeudamiento y obvie las necesidades que las administraciones locales tienen que cubrir.
En el caso de Oliva, el alcalde añade que, tan injusto como tener que destinar todo el superávit a amortizar deuda, que en el caso del municipio es escasa y no está sometido a ningún Plan de Ajuste, es la Regla de Gasto, que impide incrementar las inversiones a criterio de cada ayuntamiento.
Por su parte, Salvador Gregori, coordinador de Economía del Ayuntamiento de Gandia, una institución que debe 280 millones fruto de los excesos del pasado, señala que, aun siendo lógico que los municipios con superávit amorticen deuda si la tienen, esa norma del Ministerio de Hacienda se tendría que «flexibilizar» para que el ayuntamiento pudiese invertir al menos una parte del dinero en «inversiones necesarias», e incluso en la rebaja de impuestos a los ciudadanos. Entre esas inversiones necesarias, citó «las que potencien la actividad económica, creen puestos de trabajo, o supongan un retorno social o económico de la inversión».
La Ribera
Cullera destina 1,5 millones a amortizar deuda y Carcaixent, tres
El Ayuntamiento de Cullera se ha visto obligado a destinar el millón y medio de euros del remanente positivo de tesorería logrado en 2016 en amortizar deuda. Y ello pese a que el consistorio ya había pagado a las entidades financieras el dinero comprometido para este año por los créditos suscritos tras el rescate de 2012.
El alcalde Jordi Mayor se muestra «muy en desacuerdo» con esta medida de Montoro, que «prefiere que pongamos el dinero en el bolsillo de los bancos antes que en el de los ciudadanos». El edil socialista reprocha al PP que «cargue únicamente sobre los ayuntamientos el peso de salir de la crisis a costa de limitarnos a la hora de mejorar la vida de nuestros ciudadanos». «Pagamos nuestras facturas, las facturas que nos dejaron en herencia, no generamos nueva deuda, incrementamos la inversión social y aún así logramos superávit. Es injusto que no nos dejen gastarlo en políticas que beneficiarían a los vecinos», denuncia.
Mientras tanto, Carcaixent ha destinado dos de los tres millones del superávit del pasado ejercicio a amortizar sus deudas. El alcalde, Paco Salom, selañó que para poder invertir, el ayuntamiento «debe renunciar a muchas cosas». «Están bombardeando a los ayuntamientos, hay que entender que nuestras necesidades no son las mismas que las del Estado. Estamos saneando la hacienda a costa de no tener para comer».
La situación es similar en Algemesí, que en dos años ha pagado alrededor de tres millones de deuda. «El PP traspasa a los ayuntamientos la obligación de reducir el déficit para maquillar las cuentas del Estado. No saben ver que prestamos servicios que son muy caros», manifestó la alcaldesa, Marta Trenzano.
