n Mejorar y ampliar el parque de vivienda pública de la Comunitat Valenciana y, sobre todo, poner en el mercado más viviendas en alquiler a precios razonables para favorecer el acceso a este derecho básico a, entre otros colectivos, los jóvenes. Este es el objetivo del Plan de Ampliación y Rehabilitación del Parque Público de Vivienda 2018-2020 presentado ayer por el presidente de la Generalitat Ximo Puig y la consellera del ramo, María José Salvador.

Según las cifras aportadas, la Conselleria d'Habitatge quiere ampliar el mercado de la vivienda pública introduciendo 6.129 nuevas residencias gracias a diferentes actuaciones (rehabilitación, recuperación, compra e incluso convenios con entidades privadas) con una inversión global prevista de más de 106 millones de euros de aquí a 2020.

Además de mejorar la vivienda social, una de las premisas del plan -basado en la ley de la función social de la vivienda- es favorecer la puesta en el mercado de casas públicas en régimen de alquiler pero a precios «asequibles». Según cuantificó ayer la consellera, por «asequible» se podía entender un precio de entre «200 o 300 euros» siempre «por debajo del precio de mercado.

«Es exigible poner en el mercado viviendas en alquiler a precios asequibles», ha dicho la consellera «para frenar la lógica de la exclusión de un recurso tan fundamental». La Generalitat va a «poner todo lo que esté de su parte», añadió el president Ximo Puig, «para que todas las personas tengan derecho a la vivienda» y «parar la posible burbuja» del alquiler que ya se ha detectado en la ciudad de València tanto por el aumento de la demanda y la consiguiente subida de los precios como por el incremento de apartamentos turísticos.

Estos alquileres a 200 o 300 euros estarían enfocados a personas que «no tienen la posibilidad de acceder al alquiler en renta libre». Aunque no concretó edades, la consellera sí hizo especial mención al colectivo de jóvenes y a esa «clase media valenciana que tiene dificultad para acceder a una vivienda», puntualizó.

Las más de 6.000 nuevas viviendas públicas que irán destinadas a estos alquileres «asequibles» y a viviendas sociales -aquellas que la administración otorga en condiciones especiales para personas con necesidades, se añadirán al parque público de la Conselleria d'Habitatge de tres formas diferentes: mediante rehabilitación, recuperación de viviendas de otras administraciones o por ampliación directa por compra, construcción o convenios con entidades privadas. Gracias a la rehabilitación del parque de vivienda social y de VPO en alquiler se lograrán sumar 890 viviendas y beneficiar a 3.122 residencias situadas en barrios sociales degradados. Además, se rehabilitarán 167 viviendas de particulares para sacarlas en «alquiler solidario».

420 de ocupaciones ilegales

En segundo lugar y gracias a la recuperación de casas de otras administraciones, la Generalitat sumará 139 residencias del Estado, de la Dirección General de Patrimonio o de Ferrocarriles. Otras 420 procederán de procesos de regularización de ocupaciones ilegales y otras 130 provendrán de VPO destinadas a la venta que ahora están «paralizadas» y que se ofrecerán en alquiler. En este caso, las 130 residencias incluidas en este apartado se recuperarán este año.

Por último, el parque de viviendas se prevé ampliar comprando directamente a particulares 550 casas con una inversión de 50 millones de euros. Los bancos también podrían entrar en esta compra masiva de vivienda si queda presupuesto. Gracias a otros 6,2 millones se terminarán ocho promociones de VPO paralizadas -que generarán 111 casas más- y se quiere ampliar en 600 residencias más gracias a los convenios de cesión de hogares deshabitadas a firmar con entidades financieras.