El Consell de Transparencia, el órgano creado esta legislatura para cumplir con la ley de transparencia de la Generalitat, ha recibido un rapapolvo por parte de una institución con la que comparte el objetivo de atender las quejas de la ciudadanía. El Síndic de Greuges, que ya en su última memoria alerta del retraso de este organismo en dictar las resoluciones, ha dado la razón a un ciudadano que se quejó por sentirse desatendido. Presentó ante el Consell de Transparencia una reclamación al Ayuntamiento de València, pero seis meses después seguía sin respuesta. El síndic le da la razon y subraya que el organismo independiente no ha cumplido con su deber legal de resolver en el plazo de tres mes. De ahí que le hace una recomendación formal para que cumpla con la norma y con el cometido por el cual fue creado.
El correctivo es importante ya que se trata de una resolución con trasfondo. La resolución del síndic viene a poner de relieve la situación de colapso en el que se encuentra este órgano. La falta de medios para atender cientos de reclamaciones que tienen que ver con el buen gobierno y el acceso a la información fue denunciada desde el minuto uno por los propios miembros del órgano independiente. Ahora salpica a otra institución a la que la ciudadanía acaba recurriendo cuando no halla respuesta.
El presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho, admitió, en declaraciones a este diario, que se encuentran en una situación límite. «Estamos ahogados», dijo y responsabilizó directamente a la Conselleria de Transparencia, de la que dependen orgánicamente.
Según una denuncia, que no es nueva, el departamento que dirige Manuel AlcarazManuel Alcaraz ha obstaculizado su labor a no dotarles de los recursos necesarios. Según el presidente, la conselleria les «ve como rivales» ya que un consejo fuerte haría más evidente que la conselleria es innecesaria. «En una democracia que funcione difícilmente se justifica una Conselleria de Transparencia porque la propia administración debe ser controlada por un organismo independiente».
«Nuestro problema existe desde el primer día. No se puede tener un consejo con esas competencias y sin medidas. Es una cuestión de voluntad política», apuntó. García Macho indicó que han plasmado su «paupérrima» situación en todas sus memorias presentadas ante las Corts y se han reunido con todos los grupos políticos para informar de sus problemas. Añadió que sólo se han sentido atendidos por Presidencia, que les facilitó un letrado y por Podemos.
García Macho admitió que están resolviendo con un retraso de diez meses porque los consejeros, que no tienen dedicación exclusiva, no dan a basto. «El Síndic tiene razón y también la ciudadanía», sentenció ayer García Macho
Desde la Conselleria de Transparencia siempre se ha mantenido que el problema fue heredado por que la ley aprobada por el PP que prevía la creación del Consell de Transparencia estaba mal planteada. Apuntan que la nueva ley de gobierno abierto que tienen en proyecto permitirá descargar al organismo. En un inicio los miembros no percibían ninguna indemnización, aunque tras las quejas se les reconoció dietas por asistencia.
